El PP de Oliva exige la devolución de parte de la “tasa de la basura”
El Portavoz del Partido Popular de Oliva, Germán Salazar, ha anunciado que ha presentado una moción dirigida al pleno para “frenar la vorágine e injusticia fiscal a la que el gobierno local PRO-UCIN está sometiendo a ciudadanos y negocios de Oliva”.
La demanda del Partido Popular de Oliva deriva, según palabras de Salazar, “de la no prestación de varios de los servicios relativos a la recogida y transporte de residuos incluidos en las cláusulas del nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria”. Así, ha resaltado que “si bien la empresa adjudicataria dispone de un plazo de adaptación del contrato de doce meses, ello no significa que se le tenga que cobrar al contribuyente la cuantía total del contrato, ya que de ese modo, que es lo que está sucediendo, se produce un claro supuesto de enriquecimiento injusto e indebido en perjuicio de los contribuyentes, y un uso perverso de dicha cláusula”.
A tal efecto, Germán Salazar ha recordado que “no valen las excusas de usar ese plazo de doce meses para que la adjudicataria recupere la inversión efectuada para el cumplimiento del contrato, ya que para ello se establece un plazo especial superior al máximo general de cinco años que recoge la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 29, en este caso, de ocho años para recuperar y amortizar tales costes empresariales de inversión”.
Y, es que, Salazar ha centrado gran parte de su reivindicación en la Ley de Tasas y Precios Públicos, aduciendo que “el artículo 12 deja bien claro que aquel servicio que no se haya prestado por causas no imputables al sujeto pasivo, y se le haya cobrado, se le debe ser reembolsado, de ahí que exigimos que el gobierno local se ponga a trabajar de verdad, de una vez por todas, por los ciudadanos y negocios, y calcule el coste proporcional a devolver de los servicios no prestados como la recogida selectiva, el puerta a puerta, la restitución de nuevos contenedores o la implementación de la nueva maquinaria”.
El concejal popular ha lamentado que “es tremendamente injusto que, de repente, sin comerlo ni beberlo, muchos contribuyentes y negocios de Oliva hayan visto multiplicado por tres la tasa que venían pagando habitualmente, por lo que, para evitar tal desajuste y menoscabo en las economías domésticas y profesionales, el actual gobierno de la señora Pastor y del señor Llopis, que se ha puesto la falsa careta de municipalista, tendría que haber buscado las fórmulas posibles, que en este caso sí ha encontrado y exige el Partido Popular de Oliva, para amortiguar la espiral de subidas fiscales a los contribuyentes que PRO-UCIN han copiado del anterior gobierno al que tanto criticaban por ello”, ha increpado Salazar.
El portavoz popular ha hecho mención, también, a distintos puntos de la moción que ha presentado para su debate y votación en la sesión plenaria del próximo 30 de mayo, entre los cuales ha destacado la mención a doctrina jurisprudencial mediante la que se remarca que «la revisión de tarifas no es una potestad de la Administración, sino un deber de esta para mantener, en todo caso, el equilibrio económico» (SSTS de 11 de junio de 1986 y de 20 de mayo de 1999).
Por ello, Germán Salazar haya insistido en que “al pagar los ciudadanos y negocios por un servicio no prestado se produce dicho desequilibrio económico al que hacen mención distintas sentencias y, además, se vulneran principios generales del derecho recogidos en el artículo 3.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, tales como el de eficacia, eficiencia, economía y, especialmente, el quebranto del interés general, con lo que se demuestra que este gobierno municipal hace tiempo ha dado la espalda a los ciudadanos al no pretender compensar el desequilibrio económico que se produce al cobrar un servicio que no se está prestando de momento”.
Finalmente, además de insistir en que se devuelva a los contribuyentes la parte proporcional de los servicios no prestados, otra de las peticiones en la propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular va dirigida, asimismo, a “aplicar las bonificaciones que habilita la ley, que en algunos casos alcanzan el 95% para negocios de distribución alimentaria y restaurantes”, ha rubricado el concejal olivense popular.