El PP de Oliva denuncia el “presunto trato de favor” del alcalde a un particular en la expropiación de unos terrenos
El grupo municipal del PP de Oliva ha denunciado el «presunto trato de favor» del alcalde, David González (Compromís), hacia un particular a quien ha permitido ganar unos 200.000 euros en la expropiación de unos terrenos.
Las pretensiones iniciales del propietario eran que –según la normativa vigente aplicable en materia urbanística– se iniciara «la expropiación de unos terrenos de su propiedad valorados en casi 200.000 euros al ser su naturaleza de suelo dotacional».
En base a esa petición el Ayuntamiento de Oliva, a través de su Secretaría General, emitió diferentes informes técnicos y jurídicos y el alcalde, mediante decreto número 1457/2017 de mayo, «resolvió desestimar la petición del particular contundentemente».
Ejerciendo sus legítimos derechos, el propietario interpuso un recurso Contencioso-Administrativo contra dicho decreto, «quedando el Ayuntamiento demandado».
La sorpresa, ha expresado el grupo municipal del PP de Oliva «la encontramos en la sentencia, número 35/2019 de febrero, donde se lee en el punto segundo de los antecedentes de hecho que la demandada, esto es el Ayuntamiento, no ha contestado a la demanda».
Es por ello, ha explicado el grupo popular, que «ha quedado claro que desde la Alcaldía no se han defendido los intereses de la ciudad como es su obligación por Ley, obligando a pagar a nuestro Ayuntamiento las costas del juicio y beneficiando a un significado particular con casi 200.000 euros».
«Y hablamos de un significado particular porque éste iba en las listas electorales de Gent d'Oliva que permitió con sus votos que prosperara una moción de censura en la que David González fue aupado a la Alcaldía de la localidad", han proseguido.
Dimisión del alcalde
Este presunto trato de favor hacia un integrante de la lista de su socio de gobierno durante dos legislaturas es «inaceptable» han expresado los populares porque el alcalde «es el responsable de la defensa de los intereses y patrimonio municipal en los tribunales, el Ayuntamiento no puede allanarse y tiene que defenderse frente a los posibles pleitos».
En este caso el Ayuntamiento no ha contestado al recurso Contencioso-Administrativo del particular contra un decreto de Alcaldía por lo que el grupo municipal del PP advierte que «supone una dejación de funciones y exigimos la dimisión del alcalde por haber incurrido en una administración desleal con el presupuesto del erario público».
