García asegura que la oposición ha bloqueado la revisión de las tarifas de agua

El ayuntamiento de Nules no ha dado cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que daba la razón al consistorio y anulaba la subida de la tarifa del agua potable aprobada por Facsa en 2005 porque “la oposición votó en contra de la propuesta de revisión de tarifas propuesta por el equipo de gobierno en pleno, tras negociarla con la empresa, y en la que se tiene en cuenta el principio de estabilidad presupuestaria fundamental en cualquier concesión de estas características”. El alcalde de Nules, Mario García, ha asegurado que este es un ejemplo más de cómo desde la oposición se ha querido “bloquear” la gestión municipal aprovechando la mayoría insuficiente del equipo de gobierno.

García ha recordado que la revisión de tarifas que se presentó recientemente en pleno, después de que la empresa asuma la propuesta municipal de revisión, si bien contaba con los informes favorables de los servicios de intervención y secretaría general del ayuntamiento. García ha incidido en que en la revisión de tarifas propuesta, Facsa asumía mejoras en la red pública de agua potable, así como la demolición del depósito inutilizado existente en el patio del colegio público Jaime I.

El alcalde ha indicado que además la propuesta incluye el aumento de los gastos los últimos años como el coste de la luz o el aumento del IPC, que hasta el momento no se ha aplicado. Con todo, García ha recordado que Nules es uno de los municipios de la comarca que tiene una tarifa de agua potable más baja “y eso no es positivo si va en detrimento de una mejora del servicio”.

A su vez el primer edil ha comentado que para conseguir un ahorro en el consumo de agua “el actual ayuntamiento está utilizando la totalidad del agua que se aporta a través del Consorcio de Aguas de la Plana, que es más barata, algo que no se había hecho hasta ahora, aportando ese caudal a la red de agua potable”.

Además, el alcalde quiere recordar que la nula gestión del anterior equipo de gobierno, que fue incapaz de negociar una revisión de las tarifas de agua potable razonable y ajustada a las necesidades tanto del servicio, como de los vecinos, tuvo su culminación en un proceso judicial que le ha costado al municipio 60.000 euros, y ahora “que sí que se plantea una alternativa fundamentada en informes técnicos, votan en contra”.