El TSJ condena a pagar 600.000 al Ayuntamiento de Nules
El Ayuntamiento de Nules ha recibido la notificación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de la sentencia por la que deberá asumir el pago de 600.000 € por la expropiación de parte de los terrenos que se pusieron a disposición de la conselleria de Educación, en su día, para la construcción del colegio Pedro Alcázar.
Esta sentencia supone la culminación de un proceso que se inició en la legislatura pasada cuando la Conselleria de Educación reclamó al Ayuntamiento un total de 12.000 m2 para proceder a la construcción del nuevo centro escolar. En aquel momento, el consistorio inició negociaciones con los tres propietarios cuyos terrenos lindaban con la parcela que en la actualidad ocupa Pedro Alcázar, a fin de llegar a un acuerdo lo más ventajoso posible para todos los implicados.
Es importante destacar que Nules no cuenta con alternativas para la construcción de un colegio, dado que todo el suelo urbano está colmatado y no existe en el casco urbano otra opción posible para disponer de la superficie necesaria para hacer realidad un proyecto de estas características.
Den estas circunstancias, el Ayuntamiento inicia negociaciones con los afectados. Parte de esos terrenos eran de propiedad de Caixa Rural Nules y otra parte de propietarios privados, con los que sí que se pudo llegar a acuerdo. En el caso del tercer afectado “hicimos todo lo posible, pero no se consiguió que fuera así”, explica el alcalde, Mario García.
El problema tiene su origen en un “error de planteamiento” del PGOU del año 1992, en el que no se contempló una compensación para los propietarios de estos terrenos, considerados suelo dotacional privado. El Ayuntamiento, en estas condiciones, planteó compensaciones en terrenos y un precio de expropiación “aconsejado por los técnicos y por el tribunal de expropiación forzosa de Castellón, basándonos en el interés comunitario de la actuación”.
El propietario afectado, tras un largo proceso de negociación, no aceptó las condiciones que le ofrecía el consistorio y, tal como reconoce el alcalde, “de forma legítima decidió defender sus intereses ante los tribunales”. Ante este hecho, las opciones del Ayuntamiento eran, expropiar los terrenos que la Conselleria reclamaba para ponerlos a su disposición, a pesar de no haber alcanzado un acuerdo con su propietario, o renunciar al proyecto de construcción del Pedro Alcázar por falta de suelo disponible. Según García “nuestra prioridad total era el nuevo colegio y por lo tanto decidimos tomar la decisión de expropiar en las condiciones planteadas, porque entendíamos que primaba el interés general del municipio”.
El alcalde reconoce que en este tipo de procesos y cuando los asuntos llegan a los tribunales “se corre el riesgo de que se produzcan sentencias de este tipo, con las que podemos estar más o menos de acuerdo, pero que hay que acatar”. Con todo insiste en que “en su momento tuvimos que tomar una decisión y primamos la construcción del colegio”.
El acatamiento de esta sentencia “no va a suponer ningún desequilibrio grave para las cuentas municipales”, según no duda en afirmar Mario García, “porque gracias al trabajo de gestión económica que se ha realizado los últimos años, el Ayuntamiento tiene formas de solucionar este tema”. En el momento en que se conozcan las condiciones del cumplimiento de la sentencia, se planteará la manera de hacerlo.
En cualquier caso, García ha querido destacar que, desde el inicio de este proceso, cada paso que se ha dado “ha sido transparente y claro, siempre primando la construcción del colegio, que supondrá una inversión de 4.050.000 euros, y una mejora sustancial e indispensable de las infraestructuras educativas de nuestra ciudad”.
Por otro lado, ha recordado que no es la primera vez que el Ayuntamiento debe asumir el pago de una sentencia por las consecuencias de la ejecución de algún proyecto, “aunque a diferencia de los últimos casos a los que hemos tenido que hacer frente, como el del párking subterráneo que se realizó hace dos legislaturas, en esta ocasión no ha sido por una mala gestión, o una mala ejecución del proyecto, sino por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con un propietario y la determinación de este Ayuntamiento de priorizar la construcción de un nuevo colegio”.
