UPyD debate sobre agricultura en “Novelda, lo que nos une”
La agricultura ha sido desde siempre uno de los pilares de la economía en Novelda, y por eso el programa de esta semana se ha dedicado a todo lo relacionado con el cultivo de la tierra. En el debate han surgido propuestas enfocadas a fomentar la plantación de nuevas variedades y apoyar a las cooperativas y agricultores en su modernización y en sus reivindicaciones para ser más competitivos.
La uva de mesa es hoy la protagonista de la agricultura en Novelda, pero hubo un tiempo en que predominaban el tomate y otros cultivos. En la última emisión del programa 'Novelda, lo que nos une', UPyD ha presentado un conjunto de propuestas para promover la plantación de nuevas frutas y hortalizas, diversificando así la producción, con la idea de apoyar a las empresas agrícolas y a los agricultores en la modernización y profesionalización de su trabajo. Novelda tiene en el primer sector una gran oportunidad si consigue adaptarse a las nuevas formas de trabajar en el siglo XXI.
Para propiciar cambios en el sector de la agricultura, la formación es clave. Por eso, una de las primeras propuestas planteó elaborar un plan de formación para agricultores sobre el desarrollo de nuevos cultivos. Este plan se financiaría con la captación de fondos europeos destinados al sector agrícola y se concederían subvenciones a los agricultores que acudiesen a formarse a los centros de formación e investigación agraria. En colaboración con otras administraciones y organizaciones agrarias se diseñarían programas de ayudas públicas para promover la implantación paulatina de los nuevos cultivos. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento respaldaría con todos sus medios el desarrollo de proyectos piloto de producción de productos alternativos.
En cuanto a infraestructuras, se propuso la creación de un vivero de empresa agrícola ecológica, desde donde apoyar y tutelar junto a expertos los primeros pasos de una empresa. Además, también surgió la idea de fomentar la implantación de empresas artesanales en Novelda, que aporten valor añadido y puestos de trabajo. Otra de las propuestas fue la puesta en marcha de un polígono agroganadero, siempre que los empresarios del sector vieran rentable esta posibilidad.
En regiones con escasez de agua como la nuestra, contar con un sistema de riego eficaz es imprescindible. Una de las propuestas del programa planteó la modernización de los regadíos de la localidad, con el Ayuntamiento liderando la iniciativa y coordinándose con la ayuda de las instituciones autonómicas y estatales competentes. A estas mismas instituciones se solicitará la redacción de una nueva ley sobre el ordenamiento y la defensa y gestión del suelo agrario.
Para UPyD es prioritario el apoyo a las cooperativas noveldenses ante sus necesidades más urgentes y sus demandas a otras instituciones. Por ejemplo, se trabajará para exigir al gobierno que corresponda la reducción por ley de la factura eléctrica de las explotaciones agrícolas. Abaratar el coste de la energía permitiría a los agricultores competir con los países de nuestro entorno en igualdad de condiciones. Por otro lado, habrá una defensa firme de los intereses de los agricultores frente a las condiciones abusivas de los seguros agrarios, mediante el establecimiento de una mayor competencia y transparencia en el sector.
En esta línea, y como se pudo comprobar en la sesión de pleno de febrero, UPyD se une a las reivindicaciones de los agricultores y solicitará ante el Ministerio de Agricultura y las instituciones europeas que los excedentes de uva puedan utilizarse en la elaboración de vinos y cavas. La obtención del certificado de doble uso daría lugar a desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Además, se habló en el debate de la importancia de colaborar de forma mucho más estrecha con las asociaciones de regantes de Novelda y comarca.
Por último, en el programa se habló de mejorar la vigilancia rural, manteniendo la coordinación actual entre la policía local, la Guardia Civil y las organizaciones agrarias; y también de trabajar en la medida de lo posible para que sea el Gobierno de España el que tome las decisiones sobre política hídrica y no las autonomías, defendiendo así el interés común.