El Ayuntamiento recurrirá la sentencia que obliga a devolver a Aqualia, vía tarifas, más de cuatro millones de euros
El Ayuntamiento de Novelda recurrirá la sentencia del Contencioso Administrativo que da la razón a la empresa concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado, Aqualia, en su reclamación de la devolución del canon de cuatro millones de euros más intereses que abonó al consistorio en 2009 cuando el gobierno de entonces, integrado por Partido Socialista, Compromís y Verds-EU, prorrogó, cuatro años antes de su finalización, la concesión del servicio de abastecimiento de agua potable. Según la sentencia la negociación de la prórroga llevó aparejada la modificación de los términos del contrato inicial por lo que el montante abonado por la empresa no lo fue en concepto de canon sino de préstamo, con sus correspondientes intereses, que el Ayuntamiento tendría que devolver a través del incremento de las tarifas a los usuarios.
El alcalde de Novelda, Armando Esteve, ha calificado de “ruinosa y desastrosa” la actuación del gobierno tripartito que, liderado por el socialista Mariano Beltrá, y con Víctor Cremades, de Compromís per Novelda en la concejalía de Hacienda, negoció y aceptó una prórroga “envenenada” por la que modificó el contrato inicial del servicio de abastecimiento de agua “ante la agobiante situación económica y necesidad de caja rápida que tenían” y, en vez de esperar a que expirara el contrato cuatro años después y convocar un nuevo concurso que contemplara la percepción de otro canon concesional, optó por “aceptar la liquidez que les daba la concesionaria a través de un crédito de cuatro millones de euros” que debía devolverse a través del incremento de las tarifas a los ciudadanos, al tiempo que la mercantil se aseguró, sin tener que participar en un nuevo proceso concursal, la concesión del servicio hasta el año 2028.
Armando Esteve ha mostrado su confianza en que prospere el recurso que el Ayuntamiento va a presentar contra una sentencia en la que se confirma que el consistorio no percibió un canon concesional, sino un crédito por parte de la empresa que, según el alcalde “hizo un negocio redondo” asegurándose el contrato por otros quince años y la devolución, repercutiéndola en las tarifas que abonan los ciudadanos, no solo de los cuatro millones que adelantó sino de los intereses que este capital generara hasta el fin de la concesión. En su recurso el consistorio alegará la imposibilidad de modificar en una prórroga las cláusulas del contrato de concesión cuando solo debería haber hecho referencia a la ampliación de la duración temporal del contrato.
El alcalde noveldense ha asegurado que el equipo de gobierno “peleará hasta el final” para defender los intereses del municipio sin incrementar las tarifas y ha exigido a los partidos políticos que integraban el tripartito que se disculpen ante los ciudadanos y “asuman responsabilidades” en este asunto.
Una prórroga adelantada
La UTE Aqualia-Fomento de Contrucciones y Contratas se adjudicó por primera vez el servicio de abastecimiento de agua potable de Novelda en 1998, por un periodo de quince años y un canon de 4,5 millones de euros. Sin embargo en 2009, cuatro años antes del vencimiento, el gobierno del PSOE, Compromís y EU-Verds, ante la necesidad de aliviar la maltrecha economía municipal y hacer frente al pago de deuda a proveedores, así como por la obligatoriedad de contar con un nuevo depósito que debía haber construido la adjudicataria y que a día de hoy es inexistente, negoció y aprobó una prórroga de otros quince años sobre esta concesión a cambio de cuatro millones y medio de euros, aunque el Ayuntamiento recibió casi 500.000€ menos de esta cantidad al descontar Aqualia los intereses correspondientes al periodo entre 2009 y diciembre de 2013, fecha en la que expiraba el contrato de la primera concesión y debería entrar en vigor la nueva prórroga.
Además durante el periodo comprendido entre 2009 y 2011 la concesionaria repercutió en los recibos a los ciudadanos, con el “consentimiento” del entonces gobierno municipal, según Armando Esteve, los gastos financieros por este préstamo, lo que supuso un incremento del 22% en los mismos con un montante total de 521.000€, que una sentencia judicial la obligó a devolver, tras la reclamación presentada por el gobierno de aquel momento, al considerar que la empresa pretendía cobrar unos gastos que ya habían sido descontados antes de la entrega del canon pactado.
