El Ayuntamiento de Novelda deberá asumir el pago del préstamo que el Centro Salud Agua Deportivo dejó pendiente con Abanca
El Tribunal Supremo rechaza el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia que daba la razón a la entidad financiera en su reclamación al consistorio del préstamo concedido a la concesionaria de la construcción y explotación del CSAD
El Ayuntamiento deberá asumir la deuda de casi cinco millones de euros por los errores del informe jurídico económico, realizado en 2017 por una consultora externa por encargo del gobierno de UPyD-PP
El Ayuntamiento de Novelda deberá abonar a Abanca, la entidad financiera que hace cerca veinte años concedió el préstamo a la mercantil CSAD para la construcción de Centro Salud Agua Deportivo de Novelda, casi cinco millones de euros, una vez el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación que el consistorio noveldense presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que, en noviembre de 2022, dio la razón a la firma bancaria coruñesa en su reclamación al Ayuntamiento del importe del préstamo concedido a la mercantil que en 2005, bajo gobierno del Partido Popular, se adjudicó la construcción y explotación por treinta años de unas instalaciones deportivas que cerró en 2010, apenas dos años después de su inauguración.
La decisión del Tribunal Supremo de inadmitir el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Novelda contra la sentencia del TSJCV, que condenó al consistorio a hacer frente a la deuda contraída por la mercantil CSAD con Abanca, por importe de 4.811.942 euros correspondiente al préstamo que la entidad financiera concedió a la empresa concesionaria de la construcción y explotación de Centro de Salud Agua Deportivo de Novelda, ha sido calificada por el concejal de Contratación, Lluís Deltell, como una “decisión judicial muy dolorosa y una pesada losa que ha pesado sobre la ciudadanía durante las últimas décadas, fruto de una nefasta gestión económica en su concepción y edificación, en la época del desmadre urbanístico al que nos tenía acostumbrado el Partido Popular, con proyectos fastuosos y megalómanos, y de una concatenación de errores políticos del equipo de gobierno de UPyD-PP, liderado por Armando Esteve”.
En este caso el Tribunal Supremo hace firme la sentencia del TSJ de la Comunitat Valenciana que daba la razón a ABANCA al estimar que el informe jurídico económico, realizado en 2017 a petición del gobierno de UPyD-PP por una consultora externa y en el que se sustentó todo el procedimiento para la recuperación municipal del inmueble del CSAD, “no se ajusta a derecho” al basarse en una norma jurídica que estaba derogada. Así lo ha expuesto el concejal de Asuntos Jurídicos, Ximo Mira, que ha calificado el citado informe como “fallido, erróneo y equivocado”.
Mira ha recordado que en el informe solicitado y defendido por el gobierno del momento se afirmaba que la valoración de la concesión presentaba una tasación negativa de -1.370.839 euros, por lo que el Ayuntamiento no debería pagar nada a la financiera, mientras que Abanca reclamaba al consistorio la totalidad del crédito hipotecario concedido a la mercantil concesionaria, es decir seis millones de euros que el TSJ rebajó a 4.800.000 al descontar las amortizaciones que se habían realizado.
Final amargo para un largo proceso
La desestimación de este recurso pone fin a un largo proceso para la resolución de un conflicto que se inició en 2010, cuando el Centro de Salud Agua Deportivo de Novelda (CSAD) cerró sus puertas apenas dos años después de su inauguración debido a su baja rentabilidad.
Cinco años antes, en 2005, la mercantil CSAD se había adjudicado la construcción de unas instalaciones deportivas, cuyo proyecto incluía piscinas cubiertas y exteriores, así como gimnasio, pistas de pádel, tenis y polideportivas, que se levantaron sobre una parcela de 11.000 metros cuadrados de titularidad municipal, a cambio de la explotación del recinto por un periodo de treinta años y un canon de 900.000 euros que ingresó al Ayuntamiento.
Sería en 2008 cuando la concesionaria abrió las instalaciones interiores del recinto y, apenas dos años después, decide su cierre por falta de rentabilidad, al no alcanzar el mínimo de 1.300 usuarios mensuales que, según se contemplaba en los pliegos, darían viabilidad al proyecto.
Tras el cierre de las instalaciones la mercantil CSAD entró en concurso de acreedores y, tras un largo periodo bajo tutela de un administrador concursal, en 2016 un juzgado de Valencia declara la conclusión del concurso de acreedores, por inexistencia de bienes y, por tanto, la extinción de la mercantil.
Durante los años de cierre las instalaciones fueron saqueadas y vandalizadas y el Ayuntamiento no pudo actuar sobre las mismas hasta que en 2018, tras dos años de gestiones, el inmueble del Centro Salud Agua Deportivo pasó a ser propiedad municipal tras la resolución del contrato de concesión, la incautación del aval de 234.342 euros depositado como garantía por la mercantil y la firma del acta de recepción del inmueble.
Es precisamente contra el acuerdo de resolución del contrato adoptado en pleno, amparado por un informe de liquidación encargado por el gobierno municipal del momento a una consultoría externa, contra el que la entidad financiera acreedora Abanca presentó recurso, por entender que era el Ayuntamiento, ahora titular de las instalaciones, el deudor del préstamo que en su día otorgó a la concesionaria de la construcción, gestión y explotación del centro deportivo, una máxima que siempre ha negado la defensa del consistorio al considerar que la mercantil acreedora lo era sobre la concesión, no sobre el inmueble ni las instalaciones y que, además, no formaba parte parte del contrato de concesión.
Futuro incierto
El concejal de Contratación ha asegurado que, una vez se cuenta con sentencia firme, el Ayuntamiento de Novelda “no renuncia a dar una salida viable al CSAD, pero siempre desde la sensatez y la prudencia”, mientras que se negocia con la entidad bancaria la fórmula para realizar el pago de estos casi cinco millones de euros, para los que el consistorio baraja tres posibilidades: acudir al Fondo de Reestructuración del Ministerio de Hacienda para el cumplimiento de sentencias firmes; negociar con Abanca un plan de pagos o presentar al juzgado un plan de pago propio ante la imposibilidad de asumir el coste de la sentencia en un único abono.