La alcaldesa da a conocer una sentencia firme del TSJ que obliga a Aqualia a devolver 521.000 €
La sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado firme la sentencia de los tribunales de Alicante en la se daba la razón al Ayuntamiento de Novelda en su reclamación a la empresa concesionaria del agua potable en este municipio para que devuelva los 521.000 € cobrados indebidamente en concepto gastos por la prórroga del servicio concedida por el anterior equipo de Gobierno.
El cuatripartito amplió en abril de 2009 el contrato de Concesión del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, que debía finalizar el 13 de diciembre de 2013, durante tres lustros más, a la UTE Novelda, Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.-Fomento de Construcciones y Contratas.
Como consecuencia de esa ampliación por 15 años más se incrementaron las tarifas y los noveldenses comenzaron a pagar un 22% más en sus recibos. La concesionaria repercutía, de esta manera, los gastos financieros de los 4 millones de euros de canon que aportó entonces a las arcas municipales.
Sin embargo, una de las primeras decisiones del Partido Popular nada más entrar a gobernar tras las elecciones de 2011 en las que obtuvo una holgada mayoría absoluta, fue revisar esa ampliación del contrato y reclamó a Aqualia la devolución de los 521.000 € cobrados durante los dos últimos años de la pasada legislatura al entender que la empresa pretendía cobrar unos gastos que ya habían sido descontados antes de la entrega del canon pactado.
La alcaldesa, Milagrosa Martínez, ha dado a conocer la sentencia del alto tribunal valenciano y ha indicado que “es una buena noticia para los ciudadanos porque este es un litigio en defensa de sus intereses ya que ha quedado demostrado que pagaron más de lo que debían”.
La primera edil, que ha convocado de urgencia Junta de Portavoces para trasladar a todos los grupos el contenido de la sentencia –hay que recordar que todos ellos votaron a favor de la iniciativa del equipo de Gobierno para exigir en los tribunales la devolución de la cantidad cobrada indebidamente- y ha anunciado que ha pedido a los servicios municipales que estudien fórmulas para que los 521.000 euros que se han de devolver repercutan directamente en los propios ciudadanos.
“Somos conscientes de la complejidad de estudiar caso por caso, pero mi voluntad como alcaldesa es que ese dinero no se destine para llevar a cabo actuaciones desde el Ayuntamiento sino que revierta directamente en los vecinos porque es algo que no debían haber pagado”, ha explicado la alcaldesa.
La sentencia del TSJCV condena a la empresa Aqualia a abonar las costas del procedimiento y no cabe recurso ante ningúna instancia judicial superior. Martínez ha dicho que “vamos a ser firmes en la ejecución de la sentencia, del mismo modo que lo fuimos desde el primer momento en el que detectamos que se había producido un hecho perjudicial para los vecinos”.
La alcaldesa ha agradecido el apoyo de todos los grupos municipales y ha indicado que “en cuestiones como ésta en las que se defienden los intereses de la población, los políticos tenemos que saber estar por encima de posiciones partidistas”.
