Mulet pregunta desde el Senado al Gobierno Central sobre los bancos de alimentos en los municipios valencianos
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha presentado una extensa batería de preguntas al Gobierno Central desde el Senado, para que explique la realidad, municipio por municipio, del funcionamiento de los bancos de alimentos, “mientras nos quieren vender la supuesta recuperación económica del Estado Español, todos conocemos en nuestros pueblos y ciudades familias que han de recurrir a los bancos de alimentos, y que además, sufren una política errática del Gobierno Central en este asunto”
Mulet ha recordado que la resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente del 25 de febrero de 2015, publicada al BOE el viernes 6 de marzo supuso, más si puede, la criminalización de las personas que sufren exclusión social y pobreza al territorio español. Con esta resolución, el ministerio estableció los requisitos que tienen que cumplir las organizaciones encargadas del reparto de alimentos provenientes del fondo FEGA (coparticipado entre Unión Europea y Gobierno Español) y estas no podían ser más drásticas.
Así, si hasta ahora las entidades sociales que se dedican altruista y voluntariamente a repartir alimentos entre la población más necesitada, veían como cada vez se complicaba más el papeleo solicitado por el FEGA, con la publicación de esta Resolución corre el grave peligro de que miles de entidades solidarias en todo la Estado Español se quedan sin poder suministrar alimentos por culpa de las más que desorbitadas exigencias del Ministerio.
Así la nueva normativa, establece que en 20 días y de cara al próximo reparto de alimentos del 2015, las organizaciones voluntarias de reparto de alimentos tengan que aportar por cada persona a la cual se reparte un lote de comida, un informe de los servicios sociales públicos o de trabajadores sociales acreditando la situación de exclusión o vulnerabilidad de la persona receptora de los alimentos. De este modo organizaciones tan humildes como por ejemplo las Cáritas locales, las asambleas de Cruz Roja local, Manos Unidas y otras asociaciones de voluntarios tendrán que disponer de un informe individualizado por cada uno de los usuarios para continuar haciendo una tarea de la cual no nadie se beneficia económicamente y que permite subsistir a miles de personas.
A fecha de hoy es difícil encontrar un número adecuado de trabajadores sociales contratados por las entidades sociales que actúan a los municipios, y por otro lado, recordamos que la ley 27/2013, de racionalización de la administración pública, aboca a los Servicios Sociales municipales a desaparecer como competencia municipal. Por lo cual, esta justificación que exige el Ministerio a fecha de hoy es inviable, y más teniendo en cuenta que por Ley de Protección de Datos, esta clase de informes deberían de considerarse de primer nivel de protección y se expone a las personas afectadas a una desprotección flagrante en su derecho a la intimidad.
Mulet ha incidido en que al mismo tiempo no ha existido una política racional “ hay quejas serias de que por ejemplo se han eliminado de los productos distribuidos quesos semicurados de gran valor nutricional, y por el contrario se incrementa la distribución de legumbres secas, las cuales cuestan mucho de cocinar y abocan a las familia con escasos recursos a un incremento del consumo energético, al cual también se han de enfrentar. Tampoco se entiende se primer la compra de marcas concretas en galletas o pastas secas, que incrementan obviamente el coste”,
A parte de estas cuestiones, Mulet ha preguntado, municipio a municipio valenciano, cuál es el número de personas que se acogían en el banco de alimentos antes de la entrada en vigor de la mencionada resolución, y qué es el número después de la misma, y saber qué entidad se encarga en cada localidad dicho reparto, “ queremos saber la gente que continua estando en el umbral de la pobreza, la gente que se ha quedado desprotegida, y qué entidades hacen el mayor esfuerzo por ayudar a las personas para ver al mismo tiempo que respuesta tiene la administración central hacia ellas.
