El PP propone al pleno auditar al Ayuntamiento de Morella y sus empresas para informar a los vecinos sobre el estado real de las cuentas
El PP registra en el ayuntamiento una iniciativa que elevará al debate del pleno del jueves 21 de noviembre con el objetivo de contratar una auditoría que examine el estado “real” de las cuentas. La propuesta plantea analizar un mínimo de cinco años
El Grupo Municipal del PP en Morella ha registrado este viernes 15 de noviembre una iniciativa que propone al pleno contratar una auditoría económica del Ayuntamiento de Morella y sus empresas públicas.
La sesión ordinaria, prevista el jueves 21, debatirá esta propuesta que pretende examinar “con luz y taquígrafos” el estado económico del consistorio y la ramificación de empresas públicas creadas durante la etapa socialista.
El objetivo es el de “conocer e informar”. En primer lugar tener un “conocimiento técnico, real y analítico de la realidad económica en la que el consistorio se mueve tras 32 años de socialismo en el que la opacidad se convirtió en bandera”. En paralelo, tal y como ha señalado Jesús Ortí, portavoz del PP en la localidad, “informar”. “Debe quedar atrás una etapa de oscurantismo que la población rechazó con su voto en las últimas elecciones para dar paso a la luz que con esta propuesta pretendemos llevar a todos los hogares de Morella”. De hecho, la iniciativa del PP plantea entregar una copia de este informe a todos los ciudadanos con el deseo “de que sean ellos quienes juzguen los resultados que la auditoría arroje”.
“Confiamos en el respaldo a la iniciativa. Tanto del equipo de gobierno como del PSOE, porque si nada tienen que ocultar, nada tienen que temer”, ha declarado Ortí.
La propuesta plantea la contratación de una empresa especializada desvinculada de cualquier gestión o conexión con el consistorio. “Exigimos que la empresa que finalmente se adjudique la auditoría no mantenga ni haya mantenido relación ni con el consistorio ni con las empresas satélites municipales”.
Los últimos cinco años
El trabajo, que debe analizar un mínimo de cinco anualidades debe analizar la realidad de los derechos reconocidos por el consistorio y las empresas así como el porcentaje de cobros la liquidez de los mismos. Por último, la firma contratada tendrá un plazo de dos meses para entregar los resultados desde la fecha de la firma del acuerdo.