Más de la mitad de las corporaciones locales de la Comunitat ya han publicado los bienes de sus miembros
A falta de dos meses para las elecciones locales
En cifras, suman ya 283 los ayuntamientos y 3.334 los concejales y alcaldes que han dado a conocer el estado de sus economías particulares. Para el conseller Blasco, “se trata de una medida valiente, inédita en el resto de regiones de España, y las autoridades locales están demostrando una gran responsabilidad a tan pocos meses de agotar el actual mandato”.
La Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, que entró en vigor en julio del año pasado, recoge, entre otras iniciativas novedosas para la política local, la obligatoriedad de que alcaldes y concejales de todos los municipios, entidades locales y, por ende, también las diputaciones provinciales detallen en el BOP su activo y pasivo particular.
A día de hoy, el 58% de los alcaldes y concejales ha cumplido con el precepto legal que se desarrolló a través de un decreto que entró en vigor en noviembre del año pasado. “Con esta iniciativa, se completa el conjunto de medidas que ha impulsado el Gobierno valenciano a favor de la transparencia en todos los niveles de la administración pública de la Comunitat Valenciana”, ha señalado Blasco, toda vez que ha recordado que “los ciudadanos pueden acceder desde su casa, a través de Internet, a las páginas de las publicaciones oficiales y conocer el patrimonio de los representantes que ejercen funciones públicas en cualquier nivel de la administración”.
Por provincias, en Alicante han publicado sus bienes 973 ediles de 78 corporaciones, en Castellón son 562 los concejales y alcaldes de 50 ayuntamientos los que han cumplido con el precepto legal y en Valencia son 1.799 representantes locales de 155 consistorios los que han difundido su situación patrimonial.
Los 89 componentes de las corporaciones provinciales también han cumplido con el mandato legal. Así, el 22 de enero publicaban sus bienes los 27 miembros de la Diputación Provincial de Castellón, el 10 de febrero hacían lo propio los 31 diputados provinciales de Valencia y el 17 de marzo los 31 de Alicante.
