El Ayuntamiento de Mislata se adhiere al Fondo Social de Viviendas para familias desahuciadas
Las entidades financieras ofrecerán alquileres sociales a los vecinos que hayan sido desalojados de sus domicilios
El gobierno de Mislata se ha mostrado especialmente sensible en los últimos meses con el drama de las familias que están perdiendo sus viviendas por culpa de la crisis. Hace unos días el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, anunció la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento a vecinos en riesgo de desahucio y ahora refuerza este compromiso con la ciudadanía llevando al Pleno de la Corporación la adhesión al Fondo Social de Viviendas.
Se trata de un proyecto de la Federación Española de Municipios en colaboración con varios ministerios, entidades financieras y asociaciones benéficas para crear un banco de viviendas que se ofertarán en alquiler a precios módicos (entre 150 y 400 euros) a personas y familias que hayan sido desahuciadas. Aunque la competencia municipal en la gestión este programa es reducida, el alcalde explica que “para que los ciudadanos de Mislata puedan acogerse a este Fondo Social de Viviendas es condición indispensable que su ayuntamiento se adhiera al convenio y obviamente es lo que vamos a hacer”.
Las entidades financieras prevén aportar a este fondo alrededor de 6.000 viviendas, aunque a día de hoy todavía no se conoce cuántas estarán ubicadas en Mislata o alrededores. El convenio establece que las viviendas se ofrecerán en exclusiva a familias cuyo desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución iniciada por ese mismo banco y que cumplan una serie de condiciones, como no superar el triple del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, no tener otra vivienda en propiedad o usufructo y encontrarse en una situación de “especial vulnerabilidad”.
Y es en este aspecto cuando cobra importancia la actuación de los ayuntamientos, ya que deberán ser los Servicios Sociales municipales quienes certifiquen el cumplimiento de las premisas requeridas: familias numerosas, menores de tres años, miembros con discapacidad, desempleados, dependientes, enfermos graves o víctimas de violencia de género. Las solicitudes se remitirán a la entidad financiera titular del crédito cuyo impago haya originado el desahucio. El banco solicitará a los Servicios Sociales del Ayuntamiento una valoración de la situación del demandante, con el objetivo de priorizar siempre las peticiones que presenten una mayor necesidad o riesgo social.
