El Ministerio de Política Territorial y Función Pública lleva desde el pasado verano sin atender la petición de reunión del ministro con los interinos
“Un año después de la Sentencia del TJUE, el Estado español sigue sin tomar las medidas que castigan su nefasta gestión y abusos, a pesar que persigue a las empresas por ello”, señala Mulet
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha denunciado hoy, un año después de publicarse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que condenaba a España por las malas prácticas en materia de personal realizadas de forma injusta durante décadas con sus trabajadores públicos “el olvido que parece sufrir esta situación por parte de los gestores del Estado” a la hora de proponer soluciones antes que la situación derive en problemas sociales y de conflictividad en un momento de crisis, protestas e indemnizaciones “que flaco favor van a realizar a la Justicia, a los trabajadores y las administraciones condenadas”.
Mulet ha recordado que realizó antes del verano de 2020, a la anterior ministra de Política Territorial y Función Pública Carolina Darias, una petición de reunión con representantes de los interinos afectados pero que “jamás se dignó en contestar, ni ella ni su sucesor Miquel Iceta, al que le reiteramos la petición”. La coalición lamenta que sigan sin tomarse un año después medidas. “Un año esperando para hablar de una problemática que afecta a miles de trabajadores públicos. Pensamos que es una vergüenza el silencio y parálisis de este Gobierno a una situación de abuso ya dictaminada por los tribunales europeos y que siguen sin afrontar”, ha indicado el senador valencianista.
Mulet ha recordado el coste económico de no transponer directivas y que España esté liderando, según un informe del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, el 70% de las sanciones por retrasos en la transposición de directivas europeas, lo que afecta la credibilidad de nuestro país en materia laboral, que ha generado una inseguridad innecesaria e injusta en el personal público. En 2019 España fue condenada de forma “vergonzosa” a pagar 150 millones de euros en multas por incumplimiento de Directivas Comunitarias.
En cambio, la Administración central si lucha contra la temporalidad en el sector privado con la Inspección de Trabajo, que ha conseguido convertir en contratos indefinidos más de 60.000 temporales. “Tenemos en la administración una situación que deberían estudiar, ya que no parece normal que no quieran afrontar una situación que no desean para los demás. Tendrán en algún momento que ponerse el cascabel, luchar de forma efectiva contra la temporalidad e investigar su propio fraude en la temporalidad”, ha agregado Mulet, que ha defendido la solución planteada por la coalición valencianista en el Senado a partir de el colectivo Interinos en Acción y prestigiosos juristas “ante el callejón sin salida en el que nos encontramos” y de inseguridad jurídica para las administraciones públicas, tras la sentencia del TJUE y el escaso interés que parece tener el Gobierno.
La PL de Compromís
La Proposición de Ley que ha recibido los apoyos de sindicatos y colectivos de toda España, emplaza en su artículo primero al Gobierno a constituir, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, un grupo de expertos y expertas con el cometido de diagnosticar las causas del incorrecto funcionamiento de los sistemas de selección del personal y proponer posibles mejoras para evitar la formación de bolsas de temporalidad en el empleo público para presentar un informe al Gobierno dentro de los seis meses posteriores a su constitución.
También señala que las Administraciones Públicas efectuarán excepcionalmente y por una sola vez, convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotadas presupuestariamente y que a fecha de la aprobación de la presente Proposición de Ley como Ley de Las Cortes Generales, se encuentren desempeñadas interina o temporalmente durante tres o más años, mediante el concurso de méritos al que se refiere el art. 61.6 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
Para dar estabilidad al personal interino o temporal que se encuentre trabajando en la Administración durante tres años o más, propone considerar como “Personal a extinguir”, debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados y las necesidades de la entidad donde se integren, respetando así los derechos reconocidos a los/as trabajadores/as por la normativa europea; máxime cuando la selección de este personal se ha realizado en todo caso con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.