El millonario fraude con los números 118 que desvían las llamadas a otros números

FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la ministra de Asuntos Económicos y Transformacón Digital, Nadia Calviño, y al ministro de Consumo, Alberto Garzón, para reclamar que se realicen las modificaciones normativas necesarias para frenar los fraudes a través de las líneas con prefijo 118 y que prohíban el desvío de llamadas a otros números.

Cada vez más empresas publicitan estas numeraciones de alto coste simulando ser los teléfonos de información de grandes compañías o administraciones públicas. Cuando el usuario llama, le desvían la llamada a la empresa o institución con la que verdaderamente pretendía contactar, pero cobrándole el elevadísmo precio por minuto de los 118.

FACUA ha solicitado más control sobre las líneas 118, ya que parte de ellas concentran un enorme foco de fraude en el sector de las telecomunicaciones. Asimismo, la asociación pide que se obligue a las compañías de telecomunicaciones a incorporar en sus recibos información sobre los derechos que asisten a los usuarios cuando les facturen llamadas a líneas 118. Y es que pueden reclamar que se anulen los cobros si la empresa no se identificó claramente, no facilitó información clara sobre su precio o desvió la llamada a otra numeración sin advertir de que seguiría cobrando la misma tarifa por minuto.

Según establece el Plan de Numeración Telefónica, la actividad de las líneas 118 debe consistir "en el suministro de información sobre los números de los abonados del servicio telefónico". Esto es, su función ha de ser facilitar al usuario los números de teléfono de empresas, administraciones públicas o particulares. La normativa permite también que desvíen las llamadas a los teléfonos que se consultan, manteniendo el precio por minuto de la líneas 118, algo que ningún usuario debidamente informado aceptaría por el elevado precio que representan.

Según un informe elaborado en 2017 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), una llamada a un número 118 con un tiempo medio efectivo de un minuto tiene un precio final medio de 5,56 euros, con un mínimo de 1,88 y un máximo de 11,92 euros. El precio medio de los tres números 118 que gestionaban un mayor volumen de tráfico era de 2,36 euros.

Proliferación de fraudes

FACUA advierte de que, debido a la caída en desuso de estas líneas por la extensión de internet -que permite la búsqueda de números de teléfono gratuitamente y de forma más sencilla-, en los últimos años han proliferado actuaciones fraudulentas a través de numeraciones 118. Fundamentalmente se trata de empresas que publicitan en internet estos teléfonos haciéndolos pasar por los números de atención al cliente de grandes compañías o servicios de información de administraciones públicas. En realidad, lo que hacen tras recibir las llamadas es desviarlas a las auténticas numeraciones de las empresas e instituciones que suplantan, pero cobrando al usuario las elevadas tarifas de los 118.

Además de las suplantaciones, la asociación viene detectando prácticas fraudulentas como la reconducción directa de la llamada del usuario al número del que pidió información sin comunicarle previamente la numeración ni el precio que le va a suponer, sin recabar su consentimiento para la conexión y sin ni siquiera haber solicitado el consumidor que se realizara la redirección.

Qué dice la ley

En este sentido, el artículo 11 de la Orden CTE/711/2002, de 26 de marzo, por la que se establecen las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado, establece claramente que el operador deberá "garantizar que la información sobre identificación de línea llamante transite de forma transparente de extremo a extremo" y "con carácter previo a la terminación de la llamada, el prestador deberá informar, bien verbalmente por la persona que atienda al usuario o bien mediante la inserción de una nueva locución, del precio máximo por minuto de la llamada, impuestos incluidos".

Además, la asociación incide en que los usuarios que han sido víctima de este tipo de conductas fraudulentas suelen terminar pagando los importes adicionales que incorporan sus facturas como consecuencia del engaño por temor a ver restringidos o suspendidos sus servicios de comunicaciones de no hacerlo, ya que no conocen el derecho que les asiste a abonar la parte de la factura que se corresponde estrictamente a los servicios de telecomunicaciones sin que quepa la suspensión de estos.