Medidas anti okupación: el PP propone penas más duras, unidades policiales específicas y ayuda a los afectados
Esteban González Pons afirma que con Sánchez la okupación en España ha subido un 41%
El vicesecretario de Institucional del Partido Popular y cabeza de lista al Congreso por Valencia, Esteban González Pons, ha anunciado hoy que el PP “va a hacer de la lucha contra la ocupación ilegal uno de sus temas fundamentales en su programa electoral”.
González Pons se ha pronunciado así en Bonrepòs i Mirambell, donde se ha reunido con vecinos para atender sus preocupaciones en materia de seguridad o convivencia vecinal.
El candidato al Congreso ha explicado que el PP propone cinco medidas fundamentales: poner en marcha unidades especializadas de las FCSE, reforzar las penas con hasta 3 años por ocupación ilegal de viviendas, reformar la ley de la propiedad horizontal -con instrumentos de defensa jurídica-, reformar la ley de bases de régimen local -registro nulo en el padrón-, una reforma tributaria -devolver el IBI e impuesto de patrimonio- y establecer oficinas municipales de apoyo a las víctimas.
“Con Sánchez la okupación en España ha subido un 41%”, ha señalado González Pons, quien ha afirmado que España “es una excepción en Europa respecto a la ocupación ilegal de viviendas, ya que en países como Francia, Alemania, Suecia e Italia se toman medidas”.
“En España son okupadas, de media, 46 viviendas cada día. Es un problema grave al que hay que hacer frente porque las familias españolas tienen sus ahorros en vivienda. Hay un problema con las familias vulnerables que debe resolverse, pero no puede hacerse a costa de las familias de clase media que son propietarias de viviendas que son okupadas y tienen verdaderas dificultades para recuperarlas”, ha señalado.
Así, González Pons ha manifestado que la política del PP “protegerá al vulnerable y perseguirá a los caraduras” y ha recordado que en la ciudad de Valencia la alcaldesa, María José Catalá, ya ha dado un paso al respecto, al anunciar que dará de baja del padrón a los okupas.
“La Ley de Vivienda no protege a las víctimas. Una persona que ve cómo okupan su casa no puede esperar una media de 21 meses para ver resuelto el proceso judicial, y estos son los datos que arroja en CGPJ en junio de 2023”, ha indicado.