La Vall liquidará la deuda con Facsa que asciende a 790.000 euros

En el plenario de ayer se aprobó con los votos populares y con la abstención de la oposición por despacho extraordinario el informe de liquidación de los años 2001-2008 por la diferencia de tarifas y recibos del alcantarillado. "Lo que se pretende es liquidar la deuda que el Consistorio tiene con la mercantil FACSA, que asciende a 790.000 € más las costas judiciales, más los intereses de demora, esto es un millón de € que", tal y como manifestó la edila de interior, Elena  Vicente-Ruiz, “tendremos que pagar por una mala gestión del anterior equipo de gobierno”.

Para liquidar esta cantidad de dinero, el Ayuntamiento reducirá el capítulo de inversiones de FACSA en el Consistorio. Es decir, a los 2.914.249 € que la empresa tiene que invertir en alcantarillado en Vall d’Uixó, se le restará el millón de euros de deuda que tiene el Ayuntamiento.  Además, la edila indicó que  el tribunal ha dado la razón por segunda vez a FACSA, ya que el juez entiende que es el propio técnico del Ayuntamiento quien argumenta a favor de la empresa de alcantarillado en un informe en el que considera pertinente la revisión de las tarifas, no sólo del IPC, por variación de las condiciones técnicas. El propio ingeniero municipal señala que se ha producido un desequilibrio financiero por no haberse revisado las tarifas solicitadas por FACSA y porque el Ayuntamiento no ha abonado el servicio de alcantarillado de los servicios municipales”.  Esto supone una pérdida para FACSA de 377.369’74 € de abril de 2001 a abril de 2004, y de 412.663’45 € de abril de 2004 a abril de 2008. “Pero es que además –añadió Vicente-Ruiz- a estos 790.000 € hay que añadir las costas judiciales y los intereses de demora. Es decir, en total, casi un millón de €”.

La edila de Interior recordó que  la mercantil FACSA recurrió en reposición el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del 30 de mayo de 2005, por el que se aprobaron las tarifas de alcantarillado para aplicación del IPC del período 2001-2005. En la sentencia se determinaba que había un desequilibrio financiero de la concesión, y se desestimaba en primera instancia, estableciendo que “la obligación de la corporación local no sólo es aplicar el IPC, sino que también se deben revisar las tarifas para mantener el equilibrio económico de la concesión”. El anterior equipo de gobierno recurrió esta primera sentencia en recurso de apelación, y los tribunales han dado la razón por segunda vez a FACSA.

Otro punto polémico que salió adelante con los votos populares y con la abstención del PSOE y EU fue el proyecto de realizar una escuela infantil en el Área 11. La oposición vio clara la necesidad de esta iniciativa por la demanda en las edades de 0 a 3 años pero la forma de proceder no les pareció la correcta, “ya que quien tiene competencias en materia educativa es la Consellería”, según declararon.

En cuanto a las mociones de la oposición fueron denegadas las tres que presentó EU porque tal y como alegó el edil, Oscar Clavell  dos ya fueron aprobadas y la tercera ahora mismo no se puede realizar hasta que no finalicen las obras del parking del polígono III. Cabe recordar que la primera era colocar bancos en la parte central de la avenida sudoeste y la otra colocar una línea de bus que uniera el municipio con la estación de tren más próxima. Además la tercera moción exigía al equipo de gobierno el estudiar colocar una sala de espera resguardada en la estación de autobuses.

Asimismo, otros puntos ordinarios que fueron aprobados eran solicitar una subvención para financiar el proyecto de restauración del " canal, pou i bassa” del “molí de repartiment” del municipio, así como el convenio de colaboración para el año 2008 entre el Ayuntamiento y la Generalitat para el desarrollo de la biblioteca intercultural, como  aprobar la ordenanza reguladora del taller prelaboral para la inserción social del Ayuntamiento. Todo ello junto la aprobación del decreto de comparencia del recurso contencioso administrativo promovido por Alfonso López y Javier Debón contra el acuerdo plenario de 4 de marzo y también renovar el servicio de iluminación para incrementar los puntos de luz y el IPC.