El PP recurrirá ante la Audiencia Provincial el caso de la cámara oculta de la Vall
No obstante, Vicente-Ruiz apuntó que desde el equipo de gobierno “respetamos la resolución judicial aunque apelaremos porque hay pruebas suficientes para determinar que se han cometido delitos”.
Para la concejala vallera “hay indicios suficientes de delito, ya que el auto recoge que efectivamente se colocó una cámara oculta, y reconoce también que se falsificó la factura de compra de la misma”.
Vicente-Ruiz añadió que “en ningún momento queda acreditado que se hubieran sustraído documentos de un despacho, motivo que esgrimen los imputados para justificar la colocación de la cámara”. Así, la edila apuntó que “si estaba claro, porqué se manipuló la factura”.
Cabe recordar que pocas semanas después de que Isabel Bonig asumiera la alcaldía vallera circulaban rumores en el ayuntamiento que apuntaban a la existencia de una cámara oculta en las dependencias municipales. El jefe de la policía confirmó que la cámara estaba situada tras un reloj en la primera planta del consistorio municipal justo en el despacho del oficial mayor. La cámara oculta que se componía de una grabadora de sonido y de un reproductor de imágenes y el hueco que dejó su colocación es todavía visible en la primera planta del ayuntamiento.
La propia sentencia, en sus fundamentos jurídicos, explica que “tras la publicación de unos datos de carácter personal de un miembro de la Policía Local de la Vall d'Uixó que solo constaban en su expediente personal, se inició por parte del alcalde, Josep Tur, ya concejal de Interior, María Dolores Algar, y el Intendente Principal del ayuntamiento, Ángel Jiménez, con el conocimiento del Oficial Mayor del ayuntamiento, Gregorio López, una investigación interna, a fin de aclarar lo que estaba sucediendo con los expedientes personales”.
El auto apunta que “no es posible afirmar que la voluntad de los acusados estuviera caracterizada por el deseo o la intención de vulnerar la intimidad de nadie, pues las circunstancias en las que se desarrollan los hechos no presuponían que dicha vulneración se fuera a producir”. Asimismo, la sentencia continúa diciendo que la cámara se instaló “en sitio público”, se enfocó directamente a la puerta del despacho donde se encontraban los expedientes y el horario de conexión era de ocho de la tarde a ocho de la mañana. Por ello, “entendemos que no concurren los elementos para tipificar la conducta como constitutiva de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y que por tanto, procede decretar el sobreseimiento libre por no ser los hechos constitutivos de dicha infracción penal”.
Tur: “No se dignaron ni a llamarme”
Por su parte, el ex alcalde de la Vall, el socialista Josep Tur, compareció ayer acompañado por la ex concejala de Interior, María Dolores Algar, para valorar el auto judicial. En la sede del PSOE de la ciudad, Tur aseguró que “en el expediente averiguatorio no se dignaron ni a llamarme para explicar el porqué de la colocación de la cámara”.
Para el ex primer edil y secretario general de los socialistas valleros “la única intención era escandalizar, difamar y sacar rédito electoral y nunca saber la verdad” y continuó apuntando que “aunque con ello arrastraran incluso a trabajadores del ayuntamiento que solo cumplen con sus obligaciones”.
Los motivos que llevaron al equipo de gobierno de Tur a colocar la cámara vinieron marcados por la publicación en medios de comunicación de datos de carácter personal que figuraban en los expedientes, por lo que el ex alcalde aseguró que “es de la suficiente gravedad como para justificar la instalación de cámaras y averiguar qué estaba pasando”. No obstante, para Tur “a Isabel Bonig y al PP de la Vall no les importaba. La verdad no les importaba. Sus intereses eran otros, eran hacerse las víctimas de no se sabe qué y confundir a la ciudadanía”.
