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L´Associació de Juristes Valencians anima a participar en las manifestaciones por la financiación justa del 20 de noviembre

L´Associació de Juristes Valencians anima a participar en las manifestaciones por la financiación justa del 20 de noviembre
  • Juristes Valencians anima a la totalidad de las asociaciones culturales, profesionales, empresariales y sindicales, festivas y políticas de las comarcas valencianas a unirse a esta reclamación justa

  • “Es un escándalo que 4 años después de la anterior manifestación el Gobierno haya sido incapaz de plantear una alternativa consensuada para paliar la infrafinanciación valenciana”

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L´Associació de Juristes Valencians anima a participar en las manifestaciones por la financiación justa del 20 de noviembre - (foto 2)

La Associació de Juristes Valencians invita a participar a la ciudadanía en general en las manifestaciones por la financiación justa convocadas en las capitales de provincia para el próximo sábado 20 de noviembre, y denuncia que es escandaloso el desinterés del gobierno por subsanar este ataque al autogobierno valenciano.

 La AJV que ya participó en la manifestación convocada el 18 de noviembre de 2017, ahora hace 4 años, anima a todas las asociaciones y colectivos que han respaldado la recuperación efectiva del derecho civil valenciano a participar en las manifestaciones con el ánimo de mostrar desde el seno de la sociedad civil valenciana la necesidad inaplazable de la Comunitat Valenciana de reformar un  sistema de financiación que a todas luces es lesivo para los ciudadanos valencianos, como atestiguan multitud de informes de expertos.

Juristes Valencians recuerda que la situación económico-sanitaria hace necesario el Fondo Covid en el año 2022 y exigen compensación por la deuda histórica, que en la actualidad los expertos ya cifran en 30.000 millones de euros, cuando hace 5 años se hablaba de 20.000 millones.

En definitiva, Juristes Valencians considera que sin una justa financiación los valencianos no podemos disponer de un ámbito de autogobierno de calidad, y resulta evidente que una mejor financiación reportaría más recursos para invertir en sanidad, bienestar social y educación, y prestar estos servicios a los ciudadanos con más medios económicos como ocurre en la mayor parte de las Comunidades Autónomas.

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