Lambda exige a la Conselleria de Educación que garantice el cumplimiento de la legislación vigente en materia de diversidad sexual, de género y familiar

A través de la campaña ‘Tienen derecho a saber’ y ‘Front al PIN jo PUK’, Lambda junto a FELGTB, exigen a la Conselleria de Educación que recuerde a los centros educativos de la Comunidad Valenciana la obligatoriedad de ofrecer este tipo de formación, con independencia de los intentos de injerencia por parte de determinados sectores de la sociedad.

Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, junto a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) recuerdan a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, que, según la legislación actual, los centros educativos de todo el territorio estatal tienen la obligación de ofrecer educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género. Sin embargo, en la actualidad, en la Comunidad Valenciana no está garantizado el cumplimiento de la normativa que permite este tipo de formación.

Lambda recuerda que a nivel estatal la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMCE); la Ley de Infancia y Adolescencia de 2015; la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo; la Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz; la Ley Orgánica de Educación e incluso la propia Constitución Española o la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España; además, a nivel autonómico, la llei d’igualtat de les persones LGTBI; la llei integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere; las instrucciones de inicio de curso; el plan director de coeducación y el protocolo de acompañamiento a menores Trans, entre otras, establecen la obligatoriedad de que los poderes públicos adopten medidas educativas para combatir la discriminación y la violencia que sufre la infancia y la adolescencia, además de para garantizar el pleno desarrollo de la personalidad y de la formación en valores.

Así, declara que la Conselleria de Educación tiene, por tanto, la obligación de garantizar que todo el alumnado, independientemente de la opinión de sus familias, reciba formación en diversidad LGTBI, así como de proteger a las y los menores de la posible violencia familiar o de la negación de acceso a información motivada por LGTBIfobia. Y es que, tal y como manifiestan, solicitar el consentimiento de las familias para que elijan la educación que recibe o no el alumnado, tal y como está defendiendo la ultraderecha, contraviene el interés superior del alumnado, presente en el ordenamiento jurídico español.

Por este motivo, Lambda solicita a la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana que, tal y como ya ha hecho la Administración de Canarias, recuerde a través de un documento escrito a sus centros educativos la necesidad y la obligatoriedad de implantar este tipo de formación en sus aulas y de ofrecerla a la totalidad del alumnado. Fran Fernández, coordinador técnico de proyectos educativos de Lambda, asegura que “somos un colectivo que confía plenamente en la labor docente en nuestra región. Nos consta de primera mano su profesionalidad, predisposición y cercanía hacia la diversidad existente en nuestra sociedad, por lo que entendemos que se debe a un tema de desconocimiento legislativo o de falta de recursos”.

Por este motivo, instamos a la Conselleria de Educación a que trabaje para facilitar a los centros educativos las herramientas necesarias para que puedan realizar formaciones en diversidad LGTBI y cumplan así con uno de los principios del sistema educativo tal y como refleja la LOMCE “la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación”.

En este sentido, Lambda recuerda que, entre sus servicios, ofrece a todos los centros educativos múltiples recursos sobre diversidad afectivo-sexual, familiar y de género para poder implementar con calidad todas estas cuestiones en las aulas.

La demanda se enmarca en la campaña ‘Tienen derecho a saber’, iniciativa de FELGTB a la que se han sumado entidades de distintas Comunidades Autónomas para exigir de manera simultánea a sus respectivas consellerias que cumplan con esta obligada responsabilidad. Esta campaña se concreta en la Comunidad Valenciana a través de #FrontelPINjoPUK, dónde se pone de relevancia, mediante un juego de palabras, que “frente a las injerencias totalitarias y homófobas, todas y todos podemos plantar cara, puesto que el derecho a la educación de las niñas y niños no se puede mutilar obviando la diversidad sexual, de género y familiar.”

La intención de esta acción es recordar a los poderes públicos su obligación de cumplir y defender la legislación actual en materia educativa y disipar las dudas que puedan estar surgiendo como consecuencia de las campañas sensacionalistas promovidas por organizaciones y partidos políticos que no comparten los valores constitucionales, por mucho que los usen por bandera para hablar de otros temas, así como animar a toda la población, especialmente a la comunidad educativa, a posicionarse a favor de los derechos de la población LGTB+, que son derechos humanos.

El falso pin parental

Fran Fernández recuerda que “la Educación es un derecho de las y los menores, no un privilegio de las familias. Igual que el alumnado tiene derecho a formarse en matemáticas, en inglés o seguridad vial, tiene derecho a formarse en educación afectivo-sexual, familiar y de género”.

Y es que, según el representante de Lambda, la aplicación de un “PIN parental” que la ultraderecha está instaurando en algunas autonomías y que algunos grupos afines están promoviendo en la Comunidad Valenciana “abre la puerta a que el sistema educativo reconozca también como válidas otras ideas discriminatorias como el racismo o la misoginia, u otras corrientes de pensamiento que pueden incluso poner en riesgo la salud del alumnado, como las creencias contrarias a la vacunación”.

Además, explica que el uso del término PIN parental pretende generar una falsa sensación de protección a las familias. Así, añade que “el PIN parental real protege a la infancia de contenidos inadecuados cuando navega a solas por Internet. Sin embargo, este mal llamado “PIN parental” no es más que un intento de censura que vulnera los derechos de menores y docentes y anima al incumplimiento de las leyes”. “El alumnado no necesita un PIN parental para la escuela puesto que el personal docente ya vela tanto por su bienestar en el entorno escolar, como por la adecuación a cada edad de los contenidos que estudian”, declara el experto.

Y frente a este falso PIN parental, Lambda propone el uso de PUK educativo y así como en los móviles cuando se usa un PIN inadecuado, este PUK permite desbloquear la educación en diversidad sexual de género y familiar.

En la página web de Lambda www.lambdavalencia.org/es/pinpuk toda la comunidad educativa encontrará ese PUK con argumentos y recursos para neutralizar el PIN parental y así, toda persona podrá decir que #FrontelPINjoPUK.