Justicia paga el transporte de casi 1.900 víctimas de violencia de género
El programa se inició como una prueba piloto en dos partidos judiciales de Castellón y ahora se presta en toda la Comunitat Valenciana
La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha pagado el transporte de 1.894 víctimas de violencia de género que no contaban con medios propios para ello en sus desplazamientos entre sus domicilios y los juzgados, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y a otros servicios de la Administración de Justicia en los que necesiten hacer trámites.
Tal y como ha explicado el director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón, “muchas víctimas de violencia de género tienen dificultades económicas o carecen de un medio de transporte, lo cual obstaculiza que presenten denuncia, la ratifiquen o accedan a la Justicia en las mismas condiciones que cualquier otra persona”. Por ese motivo, la Conselleria de Justicia puso en marcha, en 2019, el proyecto piloto de traslado gratuito que, tras sus buenos resultados, se extendió a la totalidad de los partidos judiciales de la Comunitat Valenciana.
De esta forma, desde su puesta en marcha, este servicio ha trasladado a 452 víctimas de violencia de género de la provincia de Alicante; 392 de la de Castellón y 830 de la de Valencia. A ellas hay que sumar las 67 que, de 2019 a 2021 se trasladaron a instancias de la Oficina Especializada en Denuncias de Violencia de Género de la Ciudad de la Justicia de València y las 153 que formaron parte –hasta abril de 2021– de la experiencia piloto en los partidos judiciales de Nules y Segorbe.
En el protocolo de traslados participan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad adheridas al sistema VioGen, la red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y las especializadas en Violencia de Género así como los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Es un servicio de 24 horas los 365 días del año.
Para García Añón, “con este servicio garantizamos la asistencia de las víctimas al procedimiento judicial y su acceso a los recursos multidisciplinares de las distintas administraciones que estas mujeres y sus familias requieren”.