El Juez del “Caso Imelsa” toma declaración a 18 investigados en dos días
El instructor da por concluidas las declaraciones de los imputados en la pieza abierta por blanqueo de capitales
El titular del Juzgado de Instrucción 18 ha tomado declaración, entre ayer y hoy, a 18 personas en calidad de investigadas (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) en el marco de las diligencias por el “Caso Imelsa”.
De ellos, 12 habían sido citados por el Juzgado. El resto, ha comparecido ante el magistrado instructor por citación directa de la Guardia Civil.
De los 18 investigados, seis han prestado declaración. Los 12 restantes se han acogido a su derecho de no declarar.
La mayoría de estos investigados, 17, han sido citado por su supuesta implicación en la pieza principal del caso en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana. Se trata de empresarios a los que se investiga por contratos con Imelsa, Ciegsa y La Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani.
Todos ellos mantienen la condición de investigados en estas diligencias abiertas por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad.
Sólo una persona de las que han comparecido entre ayer y hoy ha declarado en relación con la pieza separada en la que se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia. El Juzgado da por concluidas las las declaraciones relacionados con esta pieza separada.
La investigación de Instrucción 18 se centra en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003.
En el curso de las diligencias fueron detenidas 24 personas, entre las que se encuentran el ex presidente de la Diputación de Valencia, ex alcalde de Xàtiva y ex presidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus; el ex vicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el ex vicepresidente de la Diputación y ex alcalde de Moncada, Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Deporte y ex diputado en las Cortes Valencianas, David Serra; la ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón; el ex gerente de la Fundación Jaume II El Just y ex jefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos; el ex acalde de Genovés, Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster y Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia.
Además, fueron arrestados 12 empresarios, como supuestos cohechadores, dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).
Para cinco de ellos, (Rus, Caturla, LLopis, Medina y García Fuster) el fiscal solicitó prisión, petición que fue denegada por el magistrado instructor por entender que no concurrían los dos motivos que había esgrimido el Ministerio Público: riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. A los cuatro primeros, no obstante, el juez les impuso, como medida cautelar, la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
Todos los arrestados quedaron en libertad provisional. Mantienen su condición de investigados en esta causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales
El instructor ha impuesto a 14 de ellos fianzas que oscilan entre los 15.000 euros y los dos millones de euros.
Las fianzas impuestas no son para eludir la prisión. Son fianzas pecuniarias (no carcelarias) para garantizar la responsabilidad civil que tendrían que pagar los investigados en caso de ser condenados.
