Jorge Cabré: “Es un presupuesto riguroso que va a garantizar servicios y prestaciones sociales de calidad a todos los ciudadanos que los necesiten”

El presupuesto elaborado por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social para el ejercicio 2013, con una dotación total de 940,46 millones de euros, “coincide en su planteamiento con los criterios de realismo, austeridad, equilibrio y compromiso con las personas que presiden el presupuesto del conjunto de la Generalitat”, según ha afirmado el conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts.

El titular de Justicia y Bienestar Social, que hoy ha presentado las cuentas de su departamento para 2013, ha subrayado sobre todo que “se trata de un presupuesto riguroso que va a garantizar servicios y prestaciones sociales de calidad a todos los ciudadanos que los necesiten”. Cabré ha asegurado que las cuentas de su conselleria para 2013 “atenderán plenamente las necesidades de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, permitiendo la sostenibilidad futura de nuestras actuaciones mediante una adecuada y equitativa prestación de los servicios”.

Cabré ha destacado que se deben priorizar aquellas actuaciones que permitan mantener los compromisos con las personas, manteniendo las prestaciones sociales. “El peso del gasto social en los presupuestos se ha ido incrementando en los últimos años hasta alcanzar en este ejercicio el 88,9% sobre el gasto no financiero”, ha asegurado el conseller, para añadir que “de cada 100 euros se destinan casi 90 a gasto social” y que “casi el 90% del presupuesto de las Generalitat se destina a las personas; a la educación, a la sanidad y al bienestar social”.

Eficiencia, racionalización del gasto y austeridad
Cabré ha enumerado los principios seguidos para preparar el presupuesto: la máxima eficiencia en la asignación de recursos, la racionalización del gasto público y la austeridad. “Ello nos ha exigido redefinir prioridades; ordenar recursos; identificar solapamientos y duplicidades e intentar eliminarlas; hacer ajustes y, cuando ha sido necesario, suprimir actuaciones no prioritarias”, ha afirmado.

En el análisis por programas, el presupuesto de la Subsecretaría para 2013 cuenta con una dotación de 32,41 millones de euros. En palabras del propio conseller, “nos hemos comprometido, a través de una gestión ordenada y eficaz de los recursos puestos a nuestra disposición, a reducir los gastos de la Conselleria sin que afecten a su funcionamiento”.

La Secretaría Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, integrada por la Dirección General de Personas con Discapacidad y Dependencia y por la Dirección General de Acción Social y Mayores, cuenta con un presupuesto de 543,48 millones.

La Dirección General de Personas con Discapacidad y Dependencia gestiona los programas de Integración Social de Personas con Discapacidad, Ordenación y Prestaciones de la Dependencia, y su presupuesto total es de 282 millones de euros.

“Con el Programa Integración Social de Personas con Discapacidad hemos realizado un gran esfuerzo de planificación y racionalización dirigido a consolidar la red de centros y servicios de atención para ellas”, ha afirmado.

En este programa se han introducido dos grandes cambios para 2013, que persiguen garantizar la sostenibilidad de la atención y la equidad tanto en la financiación de los centros, como en la participación económica de los usuarios en el coste de los servicios. Por una parte se modifica el procedimiento de asignación de las subvenciones y por otra se introduce la participación económica del beneficiario en el coste del servicio, necesario para la sostenibilidad financiera del sistema.

En el Programa que se destina a la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, “hemos aplicado las nuevas líneas de reforma emprendidas por el Estado a través del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, y del Acuerdo del Consejo Territorial de la Dependencia de 10 de julio de 2012”, ha señalado Cabré.

Aumenta la partida de acción social y mayores
La Dirección General de Acción Social y Mayores cuenta con un presupuesto de 261,4 millones de euros, un 0,67% más que en 2012. Un total de 67,50 millones se destinan al Programa de Servicios Sociales “y aunque el Estado ha bajado la partida destinada al Plan Concertado, que se destina al desarrollo de los servicios sociales municipales- ha señalado el conseller Cabré-, el Consell ha incrementado su aportación en más de un millón de euros. En total son 20,3 millones de euros, de los que 15,6 los aportamos desde la Generalitat”.

Con estas ayudas se financian los casi 500 profesionales que conforman las Unidades de Trabajo Social; más de 100 centros de servicios sociales, programas de información, asesoramiento y orientación que atenderán a más de 500.000 personas.

A la atención de las personas sin recursos y en riesgo de exclusión social se destinan los Programas de Acción Comunitaria, con un importe de 1,26 millones de euros, a los que se suman el millón y medio de euros para Comedores Sociales y Centros de Acogida.

Por su parte, el Programa de Renta Garantizada de Ciudadanía no ha sufrido ninguna variación. Se mantiene con el mismo presupuesto que este año: 23,66 millones de euros.

Crece la partida para centros de personas mayores
Respecto del Programa de Gestión de Centros de Personas Mayores, el conseller ha recordado que en la Comunitat hay más de 877.000 personas mayores de 65 años, de las cuales 150.000 presentan un cierto grado de dependencia. A todos ellos se destina este programa, que cuenta para 2013 con 194,11 millones de euros, con un incremento de un 4,31% respecto de 2012.

Se destinan 134,41 millones de euros para gastos de mantenimiento y funcionamiento de los centros residenciales y centros de día de titularidad pública y concertados, destinados a personas mayores dependientes. Desde este capítulo se financian más de 8.000 plazas en centros residenciales y cerca de 600 Centros de Día.

“También fomentamos los programas de envejecimiento activo. Y para todo esto destinamos más de 12 millones de euros, de los que se beneficiarán 400.000 personas mayores”, ha asegurado Cabré, para añadir que “con 5,35 millones de euros vamos a financiar los programas de permanencia en el entorno social y familiar de las personas mayores, y mantenemos el apoyo de todos los programas destinados a la atención de las personas con enfermedad de Alzheimer a la que destinamos 2,1 millones de euros”.

Nuevos fondos para afrontar el problema de la violencia machista
La Secretaría Autonómica de Familia y Solidaridad cuenta con una dotación de 23,94 millones de euros, de los que 15,3 son para la Dirección General de Familia y Mujer.

Se mantiene la Red de Centros Asistenciales de la Generalitat a disposición de mujeres con sus hijos en situación de exclusión y víctimas de violencia de género. Como ejemplo, las 254 plazas en centros de acogida y viviendas tuteladas, 120 para mujeres y 134 para menores, en los que se atienden sus necesidades básicas. También se mantiene la Red de Centros Mujer 24horas y los centros residenciales para mujeres víctimas de violencia sin recursos y con especial necesidad de protección, que cuentan con un total de 110 plazas.

“Una de nuestras mayores preocupaciones en materia de mujer es la violencia que ellas sufren -ha explicado Jorge Cabré-. Por eso, en coherencia con el proyecto de Ley integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, se crean nuevas líneas para dar respuesta al problema de la violencia machista. En concreto, un fondo de emergencia para la violencia sobre la mujer y un fondo de indemnización por muerte derivada de violencia de sobre la mujer, que arrancan inicialmente con una dotación de 30.000 y 75.000 euros, respectivamente”.

En el capítulo de las subvenciones, se han mantenido aquellas líneas destinadas a una labor asistencial con mujeres en situación de exclusión con sus hijos y las de atención a las familias.

La Dirección General de Integración y Cooperación es la que soporta el ajuste más importante de la Conselleria con respecto a 2012. En concreto, el Programa Cooperación Internacional al Desarrollo, cuenta con 2,97 millones de euros.

“No olvidamos la solidaridad, pero en estos momentos hemos de tener presentes las necesidades actuales de los valencianos”, ha señalado el conseller. “Y en este sentido, se han mantenido otras ayudas sin disminución, como la Renta Garantizada de Ciudadanía”, ha añadido.

“Vamos a dar un nuevo enfoque del desarrollo de estas políticas potenciando otras modalidades de cooperación no estrictamente económica, como la cooperación técnica”, ha explicado Cabré.

También el Programa Integración de la Inmigración ha reducido su presupuesto, por lo que para 2013 cuenta con 5,6 millones de euros.

“Nos vamos a centrar en trabajar con la población inmigrante que reside en la Comunitat Valenciana. Por eso han quedado las líneas de subvención imprescindibles”, ha avanzado el conseller.

Impulso a jóvenes emprendedores y voluntariado juvenil
El Instituo Valenciano de la Juventud. Generalitat Jove cuenta con un presupuesto de 10,31 millones de euros, con objetivo de dar respuesta a la formación, el emprendedurismo y el fomento del asociacionismo y voluntariado juvenil.

La formación se llevará a cabo en tres áreas: idiomas, prácticas formativas de jóvenes desempleados y formación de técnicos y profesionales de juventud.

A través del programa EMPRENJOVE, dotado con más de 500.000 euros para 2013, se fortalecerá el emprendedurismo. Para fomentar el asociacionismo se destinan 100.000 euros para el convenio con el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana y 300.000 euros en ayudas.

La Secretaría Autonómica de Justicia cuenta con una dotación de 340,62 millones de euros para gestionar la Dirección General de Justicia y la Dirección General del Menor.

La Dirección General de Justicia gestiona 249,20 millones de euros. En palabras del conseller, “queremos un sistema judicial moderno que permita a los trabajadores del ámbito judicial ejercer sus funciones de la manera más eficaz y competente posible, poniendo su disposición los medios técnicos y materiales necesarios”.

“Hemos aumentado los gastos de funcionamiento en 2,84 millones de euros, lo que representa un aumento del 9,16%”, ha explicado Cabré, para añadir que se mantienen las dotaciones para hacer efectivo el derecho a la justicia gratuita mediante los convenios con colegios de abogados y procuradores de la Comunitat con el mismo importe: en total 20,93 millones de euros.

“Y queremos culminar la modernización de determinadas sedes judiciales (Vila-real, ampliación de la Audiencia Provincial Alicante), por lo que se ha mantenido, en la medida de lo posible, el gasto en inversiones reales con 19,98 millones de euros”, ha avanzado.

El conseller ha afirmado que se trata de una apuesta clara por la mejora de la Justicia en la Comunitat. Se cubren los pagos aplazados por la construcción de las Ciudades de la Justicia de Elche, Paterma y Vila-real, se destinan 6,3 millones para la ampliación y reforma de edificios judiciales, 400.000 euros para renovación de equipamiento de la Audiencia Provincial de Alicante y 100.000 euros para adquisición de equipamiento o renovación de equipamiento que resulte obsoleto.

Atención a menores
Por lo que respecta a la Dirección General del Menor, cuenta con 91,41 millones de euros para continuar ofreciendo a los menores un marco adecuado para su desarrollo personal en un ambiente normalizado.

El titular de Justicia y Bienestar Social ha explicado que, a pesar de los ajustes presupuestarios, “se va a mantener el mismo número de recursos residenciales, que no se verán afectados por una reducción de plazas, por lo que se continuará atendiendo al mismo número de menores”.

Así mismo, ha afirmado que “se van a mantener todas las plazas de los centros de reeducación de menores infractores, para el cumplimiento de las medidas judiciales de internamiento”.

Cabré ha indicado que se ha apostado por una optimización de los recursos de internamiento al especializar los centros en función de las medidas que se dictan. Así, hay medidas que no implican ingreso en centro, sino que pueden cumplirse en centros abiertos, lo que supone ahorrar costes en plazas.

También se ha establecido un nuevo sistema de relación en la gestión del cumplimiento de las medidas judiciales de medio abierto mediante contrato. De esta manera se puede exigir al adjudicatario los medios de personal y recursos materiales que garanticen el cumplimiento total de las medidas judiciales dictadas, o se pueden contemplar mecanismos de reajuste económico en función del número de medidas a ejecutar, suponiendo una mayor racionalización y control de gasto por parte de la Administración.