La inversión en I+D+i, clave para afrontar la salida de la crisis

La nueva crisis causada por el COVID-19 ha mostrado la importancia de contar con un potente sistema de I+D+i, pues contribuye al desarrollo de una respuesta sanitaria a la pandemia pero también aporta soluciones tecnológicas y organizativas a las empresas para recuperar su actividad cuanto antes. Así lo defienden desde el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) en uno de sus últimos informes elaborado por los economistas Javier Quesada, Matilde Mas y Jimena Salamanca.

En este, los economistas destacan tres problemas que lastran la innovación en España y que suponen, por tanto, tres retos para el presente y el futuro: la escasa dimensión, conseguir que las empresas se impliquen en la política de I+D y la mejora de la cooperación entre agentes y administraciones. 

Sobre el primero de los retos - la escasa dimensión - los autores defienden que la I+D+i ha de ganar peso en la actividad productiva de los diferentes sectores de la economía, tanto mediante la incorporación de contenido de I+D+i en los bienes y servicios producidos por las empresas, como desarrollando nuevos sectores más tecnológicos. Algo complicado, teniendo en cuenta que la inversión en nuestro país es de tan solo un 1,2%, casi la mitad que la media europea y muy por debajo de la realizada por grandes potencias como EEUU (2,8%) o Japón (3,2%).

"La crisis de 2008 ya evidenció la importancia de la innovación y la tecnología como instrumento para impulsar la economía y el cambio de modelo productivo. Pero España no ha sabido aprovechar los años de expansión para avanzar en este sentido" explican en el informe. 

Por comunidades autónomas, la dinámica de inversión en I+D entre 2008 y 2018 también "resulta decepcionante". Nueve regiones presentan tasas de variación negativas, especialmente, Extremadura (-2,2%), Asturias (-2%), Castilla-La Mancha (-1,9%) o Cantabria (-1,8%). En 2018, solo cinco autonomías presentaban ratios I+D/PIB superiores a la media: País Vasco (2%), Madrid (1,7%), Navarra (1,7%), Cataluña (1,5%) y Castilla y León (1,3%).

El segundo reto que se plantean  es conseguir que las empresas se impliquen en la política de I+D. En España el peso de la inversión privada en I+D representa el 56,5% del total, una cifra muy inferior a la media europea (66,4%) y a la de otros países de referencia, como EE. UU. (73,1%) o China (77,6%). Por el contrario, el peso de la inversión en I+D de la Administración pública (16,9%) y la universidad (26,4%) es la más elevada de todos los países analizados.

Por lo que respecta a los distintos territorios, se observan también grandes diferencias. Mientras que en el País Vasco la inversión realizada por las empresas supera las cifras de las grandes potencias, con el 76,1%, en Extremadura (25%) y Canarias (20,1%) se registran los valores mínimos.

Por último, el tercer reto que destaca el informe se refiere a la mejora necesaria en la cooperación entre agentes e instituciones responsables del impulso a la innovación. "Empresas, Administraciones públicas y centros de I+D+i no integran suficientemente sus objetivos y, de esta forma, se limita el potencial que podría tener la I+D+i" lamentan.

La colaboración universidad-empresa es muy baja, no llega al 10% entre el reducido colectivo de empresas que se declara innovadora. Murcia, Navarra, Cantabria y Castilla-La Mancha son las regiones en las que existe más cooperación. En cuanto al trabajo conjunto entre empresas, es decir la cooperación interempresarial, dentro del 20% de las empresas innovadoras, un 63% coopera con empresas de fuera de su grupo y solo el 17% lo hace con empresas del mismo grupo. La cooperación entre empresas y Administración todavía es menor, apenas supera el 6%. Destaca, en este sentido, las mayores relaciones que se establecen en Aragón, La Rioja y Murcia.

En definitiva, el informe concluye que la inversión en I+D+i va a desempeñar un papel creciente en el nuevo horizonte económico post COVID-19, no solo para la investigación sanitaria, sino también para readaptar las tecnologías en las empresas que quieran competir en la ‘nueva normalidad’. Sin embargo, “sin un mínimo nivel de inversión y una mayor integración entre los agentes que generan I+D será difícil que España pueda aprovechar las oportunidades que aparezcan en los próximos años”, afirman los autores.