Infraestructuras concede 500.000 euros para sostener las líneas de autobús en las zonas rurales

La Conselleria de Infraestructuras y Transporte ha concedido un total de 518.920 euros en subvenciones a un total de 44 empresas concesionarias de servicios regulares de transporte público de viajeros por carretera que discurren por las áreas rurales de la Comunitat Valenciana y que ofrecen líneas o tramos que resultan deficitarios.

Con estas ayudas se van a sostener 118 líneas o tramos de líneas, en su mayor parte con recorridos por el interior de la Comunidad Valenciana. Se trata de un programa de subvenciones a líneas de autobús con débil tráfico de pasajeros que persigue mantener viva la red de transporte en el interior y garantizar la comunicación por carretera en toda la Comunidad. De esta forma se asegura la continuidad de unas líneas que debido a la escasez de viajeros no suelen alcanzar los mínimos necesarios para garantizar la viabilidad a las empresas prestatarias.

Las comarcas interiores de la Comunitat Valenciana se encuentran entre las más beneficiadas por el plan de ayudas, ya que contienen municipios de escaso número de habitantes. Se trata en muchos casos de poblaciones envejecidas respecto a la media de la Comunidad, debido al habitual éxodo de la gente joven hacia las grandes ciudades, lo que hace que estas localidades dependan de un transporte público eficaz para comunicarse entre sí y para desplazamientos hacia otras localidades mayores donde se encuentran otros servicios básicos.

Las ayudas concedidas a empresas con líneas en la provincia de Alicante ascienden a 158.695 euros. Con este presupuesto se subvencionan los servicios de 17 empresas, con un total de 38 líneas. En Castellón las ayudas se reparten entre siete empresas concesionarias, a las que se financian 41 líneas deficitarias. En Valencia son 20 empresas y 39 líneas con una clara función social.

Para la concesión de las ayudas se valora si el servicio de autobús conecta zonas de ámbito rural, si conecta a los vecinos con los centros de servicios sanitarios, educativos o sociales en días laborables y que no aseguren la cobertura de los gastos de explotación.