Un informe concluye que hubo "insuficiente control" en la gestión de las pruebas diagnósticas por resonancia magnética
El pleno del Consell ha analizado el informe de la Intervención General de la Generalitat (IGG) sobre la gestión de servicios públicos por concierto para la realización de las técnicas de diagnóstico por imagen mediante equipos de resonancia magnética.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha explicado, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno valenciano, que el estudio de la Intervención General de la Generalitat concluye que "hubo un insuficiente control por parte de los órganos de contratación. Es decir, la administración anterior faltó en su deber de vigilancia sobre estas resonancias".
El informe de Intervención de la Generalitat hace referencia a la inexistencia de unos criterios únicos de gestión y facturación por parte de la Conselleria de Sanidad; la existencia de catálogos propios en cada departamento de salud que diferían de lo previsto en el contrato; la ausencia de implicación activa por parte de los servicios de radiología de cada uno de los hospitales y la aplicación de criterios propios de facturación por parte de la empresa al margen del contrato.
Oltra ha adelantado que, ante "esta evidente falta de control por parte de la administración sobre este concurso millonario", que ejecutaba en régimen de monopolio la UTE Erescanner Salud, SL., "la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha decidido no renovar el contrato que se acaba en septiembre de 2018".
A este respecto, la vicepresidenta ha señalado que "desde hace más de un año se está planificando la devolución al sistema público del diagnóstico por resonancias. La administración ha reaccionado ante la dejadez y falta de control que expresa la Intervención en su informe y va a poner en marcha diferentes medidas para controlar la actividad de la concesionaria".
De este modo, se ha creado un grupo de trabajo de radiodiagnóstico en la Conselleria de Sanidad Universal, constituido por facultativos especialistas en radiodiagnóstico, técnicos sanitarios, representantes de radiología de la CV, entre otros, con el fin de trabajar en la planificación ante la finalización del contrato en septiembre de 2018.
"El Gobierno del Botánico sigue trabajando para prevenir la corrupción"
El Consell ha aprobado también el convenio de colaboración entre la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación y la Universitat Politècnica de València (UPV) para la puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas para la prevención de la corrupción en la administración valenciana.
La aplicación, que será pionera en España, está previsto que esté operativa a partir del año 2018.
En este sentido, Oltra ha hecho hincapié en que "en el Gobierno del Botánico, a diferencia del Consell anterior del PP, continuamos trabajando para el cumplimiento estricto de la legalidad y la transparencia, por la prevención de la corrupción y la rendición de cuentas ante la ciudadanía y la sociedad".
El objetivo de este convenio es desarrollar modelos, métodos y algoritmos relacionados con una aplicación informática de alertas tempranas, que permita obtener información relevante para poder detectar malas prácticas e irregularidades en la gestión pública a partir de las bases de datos de la administración de la Generalitat.
Mejorar la gestión de las mancomunidades
En otro orden de cosas, el Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana, que tiene por objeto establecer el marco legal para las mancomunidades de municipios en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana y definir el régimen jurídico que regule la creación, los órganos de gobierno, las normas de organización y funcionamiento y el procedimiento para la supresión de estos entes.
Por tanto, el objetivo de esta ley es fomentar el desarrollo de las mancomunidades y de los municipios, configurando a éstas como un eje básico en la prestación de servicios a los ciudadanos, mediante el desarrollo de una auténtica cultura asociativa como base para incrementar la eficiencia y eficacia de esta prestación, y como una referencia básica para las políticas de la Generalitat y el resto de administraciones de la Comunitat Valenciana.
La portavoz del Consell ha explicado que este anteproyecto de ley, "uno de los compromisos del Seminario de Morella", pretende "profundizar en una nueva cultura de gestión orientada en la mejora de la prestación del servicio que proporcionan estos entes, de la que se derivan ventajas para la ciudadanía".
La vicepresidenta ha destacado que, entre otras novedades, se introduce la nueva figura de mancomunidades de ámbito comarcal, que se distingue del resto de mancomunidades; se pretende facilitar y simplificar el funcionamiento de las mancomunidades; y se establecen fórmulas de coordinación de funciones municipales para las mancomunidades, como prestación conjunta de servicios, licitación de contratos, personal conjunto, etc.
