Igualdad tendrá en cuenta las mejoras laborales como criterio en la adjudicación de las nuevas plazas residenciales para personas mayores

Los pliegos contractuales que ha elaborado la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para los contratos de residencias para personas mayores tienen las mejoras laborales aplicadas por las empresas como un criterio puntuable en el proceso de adjudicación.

Así lo ha explicado el secretario autonómico de Planificación y Organización del Sistema, Xavier Uceda, quien, junto con el director general de Infraestructuras Sociales, Enric Juan, se ha reunido con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del sector para impulsar una mejora en las condiciones de las trabajadoras y trabajadores de este ámbito.

En este sentido, ha recordado que la propia vicepresidenta asumió el compromiso de "fomentar el diálogo entre los agentes económicos y sociales con el objetivo de dignificar las condiciones laborales de todo el sistema de atención a personas mayores".

Uceda ha explicado que por parte del Consell se está trabajando para mejorar las condiciones de los y las profesionales de los centros dependientes de la Administración valenciana, y en este sentido se está trabajando en un convenio único que será de aplicación en todos aquellos centros que se financien a través del concierto social.

En cuanto al resto de la red financiada con fondos públicos, "se va a plantear como un criterio puntuable en los pliegos contractuales que se han elaborado para la contratación de 7.100 plazas con empresas privadas, así como las gestiones integrales, con el objetivo de que también se sumen a este trabajo de reconocimiento que se está haciendo desde la Administración", ha indicado.

"El objetivo es crear un marco único para todos y todas las profesionales del sector que les permita trabajar en las mejores condiciones y dar la mejor atención a las personas usuarias", ha señalado, y ha defendido que es "una cuestión de justicia social, y más en la actual situación de pandemia que en las residencias de personas mayores se ha sufrido de una manera especialmente dura".

Uceda ha destacado que lo que se quiere es este ámbito es "asumir un papel mediador entre las empresas y los sindicatos, con el objetivo de impulsar un acuerdo que beneficie a aquellas personas que se han dejado la piel en la defensa de los más vulnerables durante estos meses de pandemia y lo siguen haciendo día a día".

El secretario autonómico ha insistido en que la atención "centrada en la persona es el pilar básico de las políticas desarrolladas desde el Consell, que prima el bienestar de la ciudadanía por encima de los intereses empresariales, como ocurría en épocas pasadas, donde el negocio de unos pocos estaba por encima del interés de la mayoría".

En este sentido, ha destacado que en la pasada legislatura ya se dieron pasos eliminando trabas que reducían la contratación "a unas pocas firmas afines al antiguo gobierno", con la introducción de condiciones antimonopolio "para que las empresas pudieran concurrir a las contrataciones en igualdad de condiciones".

Asimismo, se comenzaron a valorar condiciones relacionadas con la mejora de la calidad asistencial, se endurecieron los criterios para eliminar las bajas temerarias y se redujo el peso del precio en la adjudicación.

Uceda ha manifestado que ahora se ha querido dar un paso más y en los nuevos contratos "se cambia el sistema de adjudicación, de manera que vaya determinada por criterios de calidad", con la introducción de nuevos parámetros valorables mediante fórmulas objetivas.

"Criterios de carácter social, medioambiental y de innovación, que modulan la relación coste-eficacia y la relación calidad-precio", y ha añadido que estos pueden estar relacionados con la alimentación que se ofrece en las residencias o con mejoras laborales y salariales, entre otros.

Contrato con 7.100 plazas

Uceda ha explicado que estos criterios son los que se van a aplicar al contrato de puesta a disposición de 7.100 plazas en centros residenciales, para atender a las personas mayores en situación de dependencia para las cuales se proponga el ingreso en un centro residencial, así como para atender a aquellas personas mayores no dependientes que tengan la necesidad social de una plaza residencial.

"Este contrato tiene la finalidad de unificar en un único expediente todas las plazas privadas puestas a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en anteriores contratos, de manera que englobará las 5.075 plazas con contrato vencido o próximo a finalizar, así como las 406 que vencerán a lo largo de 2022 y las 80 que lo harán en 2023", ha puntualizado.

De igual modo, se propone la licitación de 1.539 nuevas plazas, con la finalidad de atender la gran demanda que existe en el ámbito de las personas mayores.