Igualdad refuerza en un 61% los equipos de los centros de acogida y reduce el ratio de niñas y niños

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha diseñado un nuevo modelo de atención en centros de acogimiento infantil que contempla un refuerzo de los equipos de atención en un 61 %, y una reducción en el número de niñas y niños en cada centro, con el objetivo de dar una atención más especializada e individualizada, a la vez que se logran unas instalaciones que se asemejen lo más posible a un hogar.

Así lo ha explicado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en una rueda de prensa en la que ha informado de la nueva política de acogimiento residencial y protección infantil, que se ha elaborado desde una perspectiva "de inclusión activa, igualdad de trato y no discriminación, participación y reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes, como sujetos de derecho".

En este marco, ha informado que la apuesta prioritaria de la conselleria en el ámbito del acogimiento es la desinstitucionalización, con iniciativas como 'Millor en familia', puesta en marcha el pasado mes de diciembre, para que ninguna niña o niño menor de 6 años esté en un centro, y que ha permitido que 97 familias realicen cursos informativos, y de éstas 59 ya estén valoradas como familia acogedora.

Oltra ha manifestado que, de las 3.805 niñas y niños que están tutelados por la Generalitat en este momento, un 30,4 % todavía viven en centros de acogida, y el objetivo es lograr que este número se reduzca superando una época, marcada por el antiguo gobierno, "en la que la falta de políticas convertía el sistema de protección en una telaraña que atrapaba a las niñas y niños y no los soltaba".

El nuevo modelo, que saldrá a licitación el segundo semestre de este año, "incrementa la calidad de la atención residencial" a la vez que la hace más humana, al reducir el número de plazas en los distintos centros, de manera que los de recepción, que son aquellos que realizan una primera acogida de las niñas y niños en situación de desamparo, no podrán superar las 30 plazas, y los de protección estarán limitados a 24.

Oltra ha explicado que la implantación del nuevo modelo implicará una inversión de 40,7 millones de euros, lo que implica un incremento del 26,8 %, que permitirá, entre otras cuestiones, la contratación de 410 nuevos profesionales, con una bajada del ratio del 61 %, pasando de 1,05 profesional por niña o niño atendido a 1,70, y la inclusión de nuevos perfiles profesionales como los mediadores interculturales o las técnicas o técnicos de igualdad de género.

El objetivo, ha incidido la vicepresidenta, es impulsar un cambio de estrategia que permita el desarrollo de "un modelo de atención inclusiva, comunitaria, donde la persona menor de edad sea lo importante", mediante "una respuesta individual a los daños emocionales que genera el desamparo, a través de la mejora de los recursos humanos, y de las infraestructuras".

"El nuevo modelo considera a las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos, apostando en todo momento por un sistema que visibilice sus competencias", ha manifestado Oltra, quien ha añadido que, en esta misma línea, otro de los objetivos del nuevo modelo es fomentar la emancipación y la vida independiente, para lo que se va a poner en marcha una experiencia piloto de 4 pisos públicos de emancipación para jóvenes de entre 16 y 23 años.

Refuerzo de la inspección

El nuevo modelo irá acompañado de un refuerzo en la labor inspectora, tal y como se está haciendo en el resto de departamentos de la conselleria, ha remarcado la vicepresidenta, quien ha recordado que en el presupuesto de este año se incluyó la partida necesaria para incrementar el equipo de inspección hasta llegar a cumplir los 20 que establece la ley.

La Dirección General de Infancia y Adolescencia ha redactado una nueva instrucción para la visita de centros, que además de humanizar los procedimientos con entrevistas a las niñas y niños que viven en ellos, establece que las direcciones territoriales complementarán la labor de inspección, con visitas anuales a todos los centros de su provincia.

El objetivo es superar una situación en la que "el tejido residencial infantil ha funcionado sin control", como a su juicio lo demuestra que, entre 2012 y junio de 2015, cuando se produjo el cambio de gobierno, solo consten 6 informes de inspección, mientras que sólo en los últimos dos años se han hecho 16, prácticamente con la misma plantilla de profesionales.

Traslados de centros

Oltra ha lamentado que esta falta de inspección ha derivado en situaciones que, en algunos casos, resultan difíciles de creer y que ha llevado a la conselleria a adoptar algunas decisiones de traslado de niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, se ha referido al centro de recepción de Monteolivete, donde, tras el último informe de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que va en la misma línea que los trabajadores llevan denunciando desde hace años, se ha decidido trasladar a los jóvenes que vivían en él a los centros de la Pobla de Vallbona, Burjassot, a dos pisos públicos que se abren en Valencia, y al centro de Bunyol, que cuando acabe el actual contrato será revertido a lo público.

Asimismo, ha mencionado el centro 'La Resurrección' de Segorbe, donde 18 niñas y niños han sido trasladados a diferentes centros de la provincia de Castellón, después de que en sendas inspecciones se detectaran indicios de maltrato hacia los residentes, a los que según la inspección se les daba poca comida y caducada, y se les alojaba en instalaciones obsoletas, cuando no peligrosas, como el cuarto de juegos que estaba junto a la caldera.

Las 21 niñas y niños del centro Penyeta Roja de Castellón también están siendo trasladados, con el acuerdo de la Diputación de Castellón, que es la titular del mismo, porque las instalaciones carecen de autorización; y el pasado mes de noviembre también se decidido trasladar a 6 niñas y niños que vivían en el Centro 'El Carmen' en València, porque tampoco contaba con la confianza de la conselleria, que ha decidido no renovar el contrato de concierto con la entidad.