La Generalitat regularizará la situación de los inquilinos de viviendas sociales que quedaron sin contrato por haber solicitado la subrogación fuera de plazo
La Generalitat, a través de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, va a regularizar la situación de las personas que, aunque cumplían requisitos para subrogarse en el contrato de alquiler de la vivienda pública en la que residen, quedaron en situación irregular por presentar la solicitud fuera del plazo legal para hacerlo.
Se trata de personas que, en muchos casos, residían con sus progenitores en una vivienda en alquiler del parque público de la Generalitat. El titular del contrato solía ser el progenitor, pero una vez fallecido este, los descendientes debían comunicarlo a la Conselleria para llevar a cabo el cambio de nombre del contrato de arrendamiento en un plazo determinado establecido por la ley y así acceder a la subrogación.
Se ha comprobado por el Servicio de Gestión Parque Público de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) que un número elevado de situaciones de ocupación de vivienda sin contrato se producen porque los residentes han presentado la solicitud de subrogación del contrato de alquiler fuera del plazo legal.
Además, desde la Conselleria se ha constatado que en la mayoría de los casos, estas personas cumplen los requisitos para ser adjudicatarios de una vivienda social. Incluso, en muchos de ellos, se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
Ante esta situación y para facilitar el acceso a una vivienda a estas personas con recursos limitados, la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana ha aprobado una resolución que establece una serie de criterios que los inquilinos deben cumplir para regularizar su situación y evitar el desalojo forzoso de aquellos arrendatarios que no tienen alternativa para acceder a otra vivienda del mercado libre.
Entre estos requisitos está cumplir las condiciones para acceder a una vivienda de promoción pública y no tener quejas ni reclamaciones de la comunidad de vecinos en la que reside. Además, EIGE podrá recabar información de los servicios sociales municipales sobre la conveniencia o no de la adjudicación de la vivienda y que la tipología del piso se adapte a las características de la unidad familiar.
Esta medida responde a la vocación social y de rescate de las personas que tiene el nuevo Consell, que apuesta por dignificar la vivienda pública a través de una política de intervención en la que se pondrán todos los recursos posibles destinados a mejorar el parque público.
