La Generalitat publica el protocolo para investigar las denuncias recibidas por la Inspección General de Servicios
El Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica este martes el protocolo para investigar las denuncias que recibe la Inspección General de Servicios, que tiene atribuidas las competencias de control interno e inspección de los servicios administrativos de la Generalitat.
En concreto, el protocolo establece los criterios a seguir para iniciar y tramitar los procesos de investigación por presuntas irregularidades o infracciones en los servicios y unidades dependientes de la administración de la Generalitat.
Las denuncias pueden partir tanto de los ciudadanos y ciudadanas como del propio personal, órganos y diferentes departamentos de la Administración valenciana.
La Inspección General de Servicios está adscrita a la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Civil, Participación y Cooperación, que acaba de incrementar un 20% el personal de inspección para reforzar su papel como instrumento de garantía de una gestión pública ejemplar.
El protocolo consta de doce apartados, en los que va describiendo todas las posibles vías de entrada y el procedimiento de actuación en cada supuesto.
Así, determina que podrán ser objeto de inspección los diferentes entes, organismos y entidades que conforman el sector público de la Generalitat.
Igualmente, establece que las denuncias sobre anomalías o irregularidades de carácter económico-financiero corresponderán a la Intervención General de la Generalitat, mientras que las relativas a sanidad, educación y servicios sociales serán competencia de los propios órganos de inspección y control de estas consellerias.
Con carácter general no se admitirán denuncias anónimas aunque la Inspección podrá ponerse en marcha investigaciones a partir de informaciones facilitadas por personas no identificadas. En cualquier caso, se garantiza la protección de la identidad del denunciante.
Las denuncias presentadas deberán tener por objeto hechos o circunstancias de cierta gravedad que vayan más allá del sentido de queja.
Otro de los aspectos más relevantes del protocolo es que establece la obligatoriedad de que la Inspección comunique al Ministerio Fiscal aquellas investigaciones en que aprecie indicios de delito o de falta.
