La Generalitat establece los criterios para estudiar la regularización de las viviendas del parque público ocupadas sin título

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado una resolución de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana por la que se establecen los criterios para estudiar la regularización de la situación de viviendas del parque público de la Generalitat que están ocupadas sin título desde hace años, estudiando caso a caso las circunstancias de cada familia. 
  
"La falta de una política activa de vivienda del anterior Consell dio lugar a un aumento de ocupaciones ilegales consentidas en viviendas públicas que al inicio de esta legislatura se cuantificaban en más de 500", según fuentes de la conselleria. 
  
Asimismo, desde la conselleria han indicado que "el actual Consell, decidido a poner en marcha una política de vivienda y de rescate de personas, determinó no permitir nuevas ocupaciones ilegales después de julio de 2015 al estar aplicando una política de vivienda social y de reforma del parque público que no había existido en las anteriores legislaturas. Los motivos de esta decisión son claros: vulneran los derechos de las personas registradas en la lista de demandantes de vivienda, impiden la rehabilitación del inmueble y suponen un riesgo para el propio ocupante y el resto de vecinos puesto que, en muchos casos, van acompañadas de enganches ilegales a las redes de suministros. Todo ello, sin olvidar el efecto llamada a incumplir la ley que la administración autonómica no puede ni debe permitir". 
  
Sin embargo, desde la Generalitat tampoco se puede seguir ignorando la situación de familias que en legislaturas anteriores convirtieron las viviendas públicas abandonadas en su hogar, ante la pasividad del gobierno autonómico que ni recuperó la posesión del inmueble ni regularizó estas ocupaciones. 
  
Con el paso del tiempo, muchas de estas familias han mejorado las condiciones de habitabilidad de la vivienda y se han integrado en las comunidades de vecinos, pero la falta de un título legal les impide normalizar su situación y les deja fuera del marco legal frente a la Generalitat. 
  
Ante estas situaciones y dentro del Plan de Normalización impulsado por la Conselleria de Vivienda que dirige María José Salvador, el Consell ha considerado necesario crear mecanismos que ayuden a estudiar la regularización de estas situaciones. 
  
Para ello se ha tenido en cuenta el elevado número de viviendas del parque público ocupadas sin título y la repercusión social que ello implica, ya que muchos de los ocupantes cumplen con las condiciones para ser adjudicatarios y, además, en algunos casos viven una situación de vulnerabilidad social. 
  
En esta línea, la Conselleria ya aprobó el 8 de marzo y el 28 de julio de 2016 dos resoluciones para regularizar la situación de estas familias. La primera de ellas afectaba a los ocupantes de vivienda sin título que, aun cumpliendo los requisitos necesarios para tener derecho para subrogarse a la vivienda que ocupan, presentaron la solicitud dentro del plazo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos, encontrándose además en situación de vulnerabilidad social. 
  
La segunda resolución afectó a aquellas personas que, por problemas económicos, tienen el contrato de compraventa de la vivienda resuelto por falta de pago, pero continúan ocupándola, puesto que no se ha procedido a su desalojo y, a su vez, se encuentran en situación de vulnerabilidad social sin tener solución habitacional alternativa. 
  
Ahora, desde la Dirección General de Vivienda se ha aprobado esta resolución que engloba los dos casos expuestos anteriormente así como un tercero para los ocupantes sin título que hayan establecido su domicilio habitual en una vivienda pública antes del 1 de julio de 2015. Esta resolución puede beneficiar a unas 450 familias de toda la Comunitat que se encuentren en estas circunstancias y cumplan los requisitos. 
  
Para este tercer caso, para llevar a cabo la adjudicación de la vivienda con carácter excepcional, se tendrán en cuenta una serie de criterios objetivos como cumplir las condiciones para acceder a una vivienda de promoción pública, acreditar situación de vulnerabilidad y tiempo de ocupación; familias numerosas, con hijos mejores; víctimas de violencia de género, etc. 
  
Entre los criterios subjetivos para regularizar su situación, deberán demostrar buena  convivencia con el resto de vecinos del inmueble, así como el arraigo en el barrio. Para ello, la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) podrá recabar información de los servicios sociales municipales. 
  
Para acogerse a esta resolución, los interesados deberán presentar una solicitud con la documentación acreditativa. Una vez analizada y valorada, la Dirección General de Vivienda decidirá su regularización.