La Generalitat amplía el plazo de solicitud y la dotación de las ayudas directas por pérdida de enseres y extiende a mutualistas las ayudas
La vicepresidenta primera y portavoz subraya que “lo importante es que nadie que solicite ayudas se quede sin cobrarlas” y que estas lleguen a las personas afectadas con la mayor rapidez y agilidad burocrática
El Consell ha aprobado una ampliación de plazo y de dotación presupuestaria para 2024 de las ayudas directas para paliar la pérdida de bienes de primera necesidad, así como una ampliación de colectivos beneficiarios en las ayudas directas a empresas y personas trabajadoras autónomas que permite extender estas compensaciones a aquellas personas físicas que están en una mutualidad de previsión social.
Así lo ha explicado la vicepresidenta primera y portavoz, Susana Camarero, en la comparecencia posterior al Pleno extraordinario del Consell, el segundo que se produce esta semana, en el que han aprobado medidas urgentes que buscan garantizar que las ayudas lleguen cuanto antes y de manera sencilla a las personas beneficiarias.
La vicepresidenta primera y también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha señalado en rueda de prensa que “lo importante es que nadie que solicite ayudas se quede sin cobrarlas” y que estas lleguen a las personas afectadas con la mayor rapidez y agilidad burocrática. Además, ha avanzado que, si es necesario, se producirán nuevas ampliaciones en las aportaciones económicas de la Generalitat para atender las necesidades de personas y colectivos afectados por la riada.
En concreto, la modificación del Decreto 163/2024, por el cual se regula la concesión directa de ayudas urgentes para paliar la pérdida de bienes de primera necesidad permite, en primer lugar, ampliar el plazo máximo de presentación de las solicitudes de ayuda, tanto para los municipios inicialmente relacionados en este decreto 163/2024, como para aquellos que fueron posteriormente ampliados a través de la resolución de la Conselleria de Justicia de 19 de noviembre de 2024.
De esta forma, el plazo máximo para la presentación de solicitudes se amplía del 16 de diciembre de 2024 al 2 de enero de 2025, y, en el caso de los municipios posteriormente ampliados, hasta el 20 de enero de 2025. Estos últimos son Carcaixent, Castelló, Chulilla, L’Ènova, Manuel, Millares, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Senyera y Tous.
En segundo lugar, se ha producido una modificación presupuestaria con la finalidad de poder atender el volumen de solicitudes de ayuda y resolverlas lo más pronto posible. El importe global de las ayudas asciende a 200 millones de euros. La anualidad de este año se ha incrementado en 42 millones de euros, de manera que pasa de 60 a 102 millones, y los 98 millones restantes quedan consignados para 2025. De esta forma, más de la mitad de las ayudas se abonarán durante este mes de diciembre.
Por último, se habilita al órgano gestor de las ayudas para ejercer la comprobación y verificación de datos. A efectos de agilizar la tramitación de las ayudas y evitar el fraude en el pago, el órgano gestor podrá acceder a los datos de identificación, Catastro, residencia y cualquier otra información que permita comprobar que la vivienda ha sido gravemente afectada, así como la titularidad de las cuentas bancarias. Asimismo, se le dota de la posibilidad de efectuar, en el ejercicio de sus competencias, las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos aportados o declarados por las personas interesadas.
Ampliación a mutualistas
Además, el Consell ha modificado también el decreto 172/2024, por el que se aprobaron ayudas directas a empresas y personas trabajadoras autónomas con personal contratado por un importe global de 100 millones de euros.
La modificación del decreto introduce, por un lado, la posibilidad de que reciban las ayudas directas a empresas y personas trabajadoras autónomas aquellas personas físicas en una mutualidad de previsión social, lo que amplía el número de colectivos profesionales afectados por la riada que pueden beneficiarse de las subvenciones de la Generalitat.
Por otro lado, incluye la autorización del abono mediante un anticipo del 100 % de la subvención concedida, lo que permitirá agilizar el pago de estas ayudas y abonarlas en el menor margen de tiempo posible. En total, son 100 millones de euros divididos en dos anualidades (50 en 2024 y 50 en 2025), la mitad para empresas industriales y la otra mitad para las de hostelería, turismo, servicios y comercio.
Hasta este martes, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo había tramitado casi 4.790 expedientes correspondientes a las ayudas de 2024, lo que suponen unos 33,8 millones de euros de ayudas directas en apenas una semana.
Se trata de ayudas de 5.000 euros por empresa, más 1.000 euros adicionales por cada persona trabajadora que tuviera contratada a fecha 28 de octubre de 2024, con unos importes máximos de hasta 30.000 euros por empresa industrial y de 15.000 euros por empresa comercial, turística y de servicios.
Oficina Virtual de Atención Ciudadana
Asimismo, el Consell ha tomado razón de la declaración de emergencia del expediente de contratación de la herramienta Oficina Virtual de Atención Ciudadana (OVAC) de Telefónica-Councilbox a consecuencia de la DANA por un importe de 159.170,31 euros.
La herramienta OVAC permite establecer videollamadas y facilita la comunicación directa con las personas afectadas sin necesidad de desplazamiento. Esto es especialmente crucial en un contexto en el cual las infraestructuras de transporte están comprometidas y muchas personas no pueden desplazarse para recibir ayuda o información.
El objetivo de esta contratación es proporcionar a la Generalitat una solución tecnológica que permita atender a la ciudadanía afectada de forma rápida y sin restricciones de movilidad, proporcionar un soporte personalizado en tiempo real que facilite la gestión y la resolución de consultas relacionadas con las ayudas y los daños sufridos, así como garantizar un acceso eficiente y continuo a la Administración para las personas en situación de vulnerabilidad.
Concretamente, consiste en el suministro de 25 licencias de la plataforma de videoconferencia y el suministro de diez paquetes de 5.000 firmas que permitan la firma electrónica con plena validez jurídica a los ciudadanos y ciudadanas que no cuenten con certificado electrónico propio.
