La Guardia Civil se une para pedir el indulto de un agente del Seprona de Gandia condenado a 9 meses de prisión

La Asociación Defensa Jurídica del Guardia Civil ha solicitado públicamente la unión de todos los agentes del cuerpo para que uno de sus compañeros del Seprona de Gandia no tenga que cumplir los nueve meses de prisión a los que está condenado por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

Los hechos se remontan al 28 de mayo del año 2016, cuando el Guardia Civil del Seprona de Gandia, Antonio Castillo, pide a su superior abrir una investigación sobre una acequia de Xeresa que contenía agua y emitía olores fecales en el municipio. Esta investigación se suma a la de esclarecer qué había ocurrido en la muerte por electrocución de varias aves rapaces en el Mondúver y en la Marjal. Estas dos investigaciones propuestas por el agente del cuerpo de Gandia molestan a su superior directo y se niega rotundamente a llevarlas a cabo.

Esta circunstancia de enfrentamiento entre el superior y el hoy condenado provoca que el agente Antonio Castillo haya sido condenado al cumplimiento de nueve meses de prohibición de libertad por la aplicación del estricto código laboral de la Guardia Civil, que se aplica en este tipo de conflictos laborales dentro del cuerpo. Es por esto por lo que la condena ha sido ratificada por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, motivación suficiente para el resto de agentes de la Guardia Civil para unir fuerzas y pedir el indulto para su compañero.

Esta Asociación que lucha por la defensa del cuerpo ha pedido y reiterado que el agente del Seprona de Gandia no tenga que cumplir los nueve meses en la cárcel por considerar la sentencia “una atrocidad de magnitudes ingentes”. Desde este colectivo piensan que se trata de un conflicto laboral sin mayor repercusión al tratarse de una discusión con un superior de la misma escala que el condenado, la escala más básica de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

Tal y como te contó elperiodic.com anteriormente, este sindicato también pide que se revise la aplicación del Código Penal Militar a los agentes de la Guardia Civil, ya que lo consideran “fuera de lugar y una situación anacrónica y abusiva donde resulta evidente que es necesario adaptar las normas penales a la realidad social, ante la obligación de preservación de los derechos fundamentales y libertades públicas de las mujeres y de los hombres que integran la Guardia Civil”.

A pesar de la condena firme que recae sobre Antonio Castillo, este agente del Seprona de Gandia cuenta con el apoyo mayoritario de sus compañeros del cuerpo y de la Asociación Defensa Jurídica del Guardia Civil, quienes solicitan públicamente que se le indulte de manera definitiva ante la que consideran una condena “desorbitada” de nueve meses de prisión por una discusión laboral al uso en la que únicamente pretendía solucionar mediante una investigación dos problemas ocasionados en la comarca de la Safor.