El Gobierno garantiza la continuidad de los servicios públicos y la reestructuración de IPG
El alcalde de Gandia, Arturo Torró, ha comparecido en rueda de prensa junto al teniente de alcalde de Economia, Guillermo Barber, para aclarar la diferencia entre firmar créditos con una entidad bancaria, que es lo que hizo el anterior gobierno socialista y que puede ser causa de imputación por irregularidad, y trasladar dinero del Ayuntamiento a su filial Iniciatives Públiques Gandia (IPG) como empresa pública. El alcalde ha querido dejar claro este asunto tras las denuncias realizadas ayer por el concejal socialista Vicent Mascarell.
“El señor Mascarell sigue con su objetivo de intentar confundir a la ciudadanía”, ha indicado el alcalde quien ha recordado que la empresa pública IPG fue creada por los socialistas cuando gobernaban para generar deuda. “Cuando llegamos nosotros al Gobierno había cinco empresas públicas que hemos refundido en una para ahorrar dinero público en gestión”, ha aclarado el alcalde.
Como ha explicado el alcalde, “lo que hemos hecho ha sido un traspaso de tesorería al trasladar dinero a la filial del Ayuntamiento para seguir prestando los servicios que se ofrecen desde la empresa pública y de los que se beneficia la ciudadanía, dentro de los acuerdos de reestructuración de IPG”. En este sentido, el teniente de alcalde de Economia ha explicado que “es algo natural y que se produce en todas las administraciones. Por cierto, algo que el anterior alcalde socialista hacía de forma habitual”. Barber ha aclarado también que “lo que hacemos es consolidar la deuda” y ha negado que sea cierto lo que han asegurado los socialistas ya que “no se endeuda más a los ciudadanos, sino todo lo contrario”.
Por lo tanto, la operación planteada está dentro de la legalidad ya que está explícitamente prevista en la Ley General Presupuestaria. Es más, el traspaso de tesorería realizado por el Gobierno no necesita órgano de tutela ya que sólo requiere autorización del alcalde. Mientras que los créditos realizados por el anterior Ejecutivo socialista con la empresa pública IPG están hechos sin órgano de tutela, que son los que señalan que se pueden realizar, además de no contar con la autorización de la Generalitat y con informes técnicos municipales desfavorables.
Respecto a esas operaciones de dudosa ilegalidad realizadas por los socialistas José Manuel Orengo y la exedil Ana Garcia, el actual concejal socialista Vicent Mascarell parece haberlo reconocido al señalar textualmente durante su denuncia por la operación realizada por el Gobierno que: “exactamente igual que lo que ocurrió con las contrataciones de créditos realizadas por el anterior gobierno (...), resultando ahora mismo que tanto José Manuel Orengo como Ana García se encuentren imputados por supuesta prevaricación por no contar con la autorización expresa de la Consellería...”. Ante estas palabras del señor Mascarell, Torró se pregunta: “¿está acusando y dando por hecho que son culpables Orengo y Ana García?”.
Torró pide a los socialistas que “no alarmen y digan que no es una operación legal porque sí lo es”. Y añade que “el señor Mascarell demuestra que no tiene ni idea ni de derecho ni de economía y si tiene algún problema que vaya a Juzgados”. Como añade Barber, “lo que hacemos es encauzar el Ayuntamiento y dejamos la situación financiera mucho mejor de como la encontramos. Y entiendo que el PSOE quisiera que no se prestaran los servicios públicos que se garantizan con el traspaso de tesorería realizado porque quieren que la ciudad sea un caos, aunque se perjudique a los ciudadanos”.
Desde el Gobierno se aclara que cuando las discrepancias estén resueltas, se dará toda la información a la oposición. De momento, sólo se ha paralizado el plazo de entrega de cinco días dada la complejidad del expediente.
