FVET advierte que la mitad de los transportistas valencianos sigue cobrando entre dos y cuatro meses tarde y que la situación “va a peor”

La morosidad continúa siendo una de las principales lacras para la competitividad de las empresas de transporte. La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha advertido que un 40% de profesionales del sector sitúa el plazo medio de pago entre 60 y 90 días mientras que para un 10% la situación se agrava y los impagos duran entre 90 y 120 días. Estas son algunas de las conclusiones de la última encuesta realizada por FVET tras un año de la entrada en vigor del régimen sancionador de la morosidad del transporte, que ha tenido un impacto “reducido”.

“La situación es más crítica que hace un año y es previsible que empeore. El precio del combustible sigue disparado, a lo que se suma la inflación y un escenario económico de incertidumbre que no sabemos cómo nos va a afectar. No podemos seguir asumiendo que nos paguen mal y tarde, en especial aquellos transportistas que no tienen músculo financiero para afrontar los retrasos de los pagos”, explica Carlos Prades, presidente de FVET.

En concreto, según los resultados de la última encuesta de la Federación, los subsectores más afectados por este tipo de prácticas son carga general, transporte portuario, agencias de transporte y transporte internacional.

El nuevo régimen sancionador no ha mejorado la situación

En octubre de 2021, se modificó la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres para endurecer los procesos sancionadores con el propósito de acabar con estas prácticas. Además, gracias a los cambios normativos, la Administración puede comprobar los tiempos de pago de los servicios de transporte en sus revisiones a transportistas y a operadores y cargadores sin necesidad de ningún tipo de denuncia o reclamación previa.

Desde la entrada en vigor de este nuevo marco normativo, 2 de cada 3 transportistas valencianos reconocen no haber notado mejoría respecto a los plazos de pago. “No se trata de la legalidad solamente, se trata de la implicación de todas las partes para que se nos pague a 30 días desde la prestación del servicio, como máximo a 60 días”, añade Juan Ortega, vicepresidente de FVET.

Los empresarios transportistas reclaman a la Administración que se implique más, haga público las empresas que incurren en este tipo de prácticas y agilice los procesos sancionadores. Por parte del sector, se propone evitar las operativas de empresas que incurran en estas prácticas y fomentar la profesionalización. “Además, desde FVET disponemos de un servicio judicial para asesorar a los asociados ante este tipo de situaciones”, aclara el vicepresidente.

Campaña #ElTransporteSePaga, sumando fuerzas para combatir la morosidad

Para concienciar a la sociedad sobre esta problemática, recordar las sanciones y sumar fuerzas, FVET ha lanzado la campaña de sensibilización e información ‘El transporte se paga’. La campaña cuenta con un vídeo del cómico Santi Rodríguez para explicar lo que está sucediendo en las relaciones comerciales con los transportistas. De igual forma, se desarrollarán acciones para escrutar la labor de la Administración en la imposición de sanciones y se ofrecerá información sobre la implicación de los impagos en los diferentes sectores afectados.

“Los impagos o los plazos de pago por encima de lo permitido afectan a todos los sectores en la Comunidad Valenciana. De hecho, la Comunidad Valenciana es la tercera, por detrás de Murcia y equiparada con Andalucía, con el periodo medio de pago más largo a nivel nacional: 87,4 días, según el Observatorio de la Morosidad del CEPYME”, explica el presidente.

En este sentido, bajo el hashtag #ElTransporteSePaga, la Federación hace un llamamiento a los transportistas, órganos de representación sectorial del transporte y a todos los sectores afectados, en general, a que se sumen a la campaña en redes sociales. “Se trata de una práctica extendida por todo el territorio y, ante un problema de escala global, necesitamos sumar fuerzas para actuar de forma conjunta y poder poner fin a esta forma de proceder instaurada desde hace años”, concluye Carlos Prades.