Las fuerzas y cuerpos de seguridad intervinieron en 2020 más de 1,5 millones de falsificaciones por valor de 71 millones de euros
El sector textil concentra el 23,1% de las falsificaciones y La Rioja, Cataluña y Andalucía son las comunidades autónomas donde se han incautado el mayor número de productos
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado requisaron durante 2020 en España 1.536.228 productos falsificados, que en el mercado habrían alcanzado un valor de más de 71 millones de euros. También se llevaron a cabo 792 operaciones que culminaron en la detención o investigación de 710 personas por delitos contra los derechos de propiedad industrial.
Los datos están extraídos del Balance anual de las intervenciones y de la actividad contra la venta de falsificaciones publicado este jueves por el Ministerio del Interior en el Portal Estadístico de Criminalidad, que recoge operaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Mossos d'Esquadra y policías locales.
De los 71 millones de euros de coste aproximado del material decomisado, 23,1 corresponden a productos del sector textil; 12,6, a marroquinería y complementos; 11,9, a calzado; y 1,1 a bebidas y comestibles. En cuanto a los puntos de incautación de la mercancía, la mayor cantidad de productos falsificados se ha hallado en naves, fábricas y almacenes (48,3%), seguido de establecimientos comerciales (24,7%) y recintos aduaneros, puertos y aeropuertos (11,4%). La Rioja, Cataluña y Andalucía son las comunidades autónomas donde se han incautado mayor número de falsificaciones.
La crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y las medidas adoptadas por las administraciones para hacer frente a esta situación, provocó un descenso en las cifras de criminalidad que se ha visto reflejado en la disminución de infracciones penales relacionadas con la vulneración de los derechos de propiedad industrial.
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha destacado la importancia de conocer estos datos para ayudar a la sensibilización del consumidor español sobre las consecuencias negativas que provoca el consumo de productos falsificados.
Las infracciones de los derechos de propiedad industrial contribuyen a la destrucción de puestos de trabajo directos, al repercutir en el descenso de ventas, y produce efectos no deseados en ámbitos como el social o la seguridad y la salud de los consumidores, puesto que los productos falsificados se producen sin los controles e inspecciones oportunas que garanticen su comercialización y uso posterior.
