FEVECTA se suma a la conmemoración de los 40 años de autogobierno valenciano

Las cooperativas son empresas con extensa tradición y especial arraigo en la Comunitat Valenciana y, con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, norma básica del autogobierno valenciano, publicada por primera vez el 1 de julio de 1982, la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (FEVECTA) se suma a los actos conmemorativos que tanto la Generalitat Valenciana como un conjunto de entidades públicas y privadas han programado estos días para poner en valor y festejar la norma básica de todos los valencianos y valencianas.

FEVECTA, entidad representativa del Cooperativismo de Trabajo de la Comunitat Valenciana, sector empresarial que aglutina a más de 1.600 empresas y genera cerca de 20.000 empleos directos, entre personas socias y trabajadoras, ha decidido sumarse a la iniciativa de otras entidades de la sociedad civil porque, como ha destacado el presidente de FEVECTA, Emilio Sampedro, “creemos que es importante que hoy recordemos y pongamos en valor que el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana fue promulgado gracias al consenso de las principales fuerzas políticas valencianas, las cuales, en pro del interés general del pueblo valenciano, fueron capaces de aunar voluntades para recuperar nuestro autogobierno”.

Con motivo de la efeméride, y coincidiendo con la semana en que se conmemora el 100º Día Mundial del Cooperativismo, la Federación reivindica la importancia de la colaboración con los poderes públicos en la promoción del cooperativismo reconocida en el Estatuto de Autonomía, y ha lanzado una campaña de divulgación en redes sociales para dar a conocer que el Estatuto incorpora en su articulado un mandato expreso para promocionar el Cooperativismo en territorio valenciano. El mencionado artículo del Estatuto de Autonomía, el 80.4, compromete así a la Generalitat en el fomento y creación de sociedades cooperativas y otras figuras jurídicas de la economía social.

Como ha recordado Sampedro, “la reforma de 2006 del Estatuto de la Comunitat Valenciana, vigente en la actualidad, perfeccionó las previsiones en materia de derechos, que incluía, entre otros, el derecho a un trabajo digno, a la igualdad de género, a la conciliación y la participación ciudadana y, por primera vez, reconoció también la posibilidad de exigir de los poderes públicos valencianos la máxima implicación en la promoción de la empresa cooperativa”.

“En aquel momento, recibimos con gran satisfacción la noticia de que el nuevo Estatuto valenciano recogía, por fin, una declaración expresa de apoyo al cooperativismo que incluía una exhortación dirigida a los poderes públicos valencianos destinada a fomentar el sector por sus especiales aportaciones a la democracia económica y a la cohesión social y territorial, trasladando al ámbito valenciano el mandato contenido en el artículo 129.2 de la Constitución Española. Hoy, 40 años después, creemos que es más necesario que nunca perseverar en la vía de colaboración emprendida junto al Gobierno Valenciano para que el cooperativismo siga creciendo y pueda situarse en el lugar que le corresponde en la economía y la sociedad valencianas”, ha manifestado el presidente de FEVECTA.

El mandato constitucional y estatutario responde a la especial labor que desarrollan las cooperativas y al hecho de que, según las leyes específicas por las que se rigen estas empresas, deben cumplir con una serie de obligaciones de carácter económico y social sin parangón con ninguna otra fórmula jurídica, ya que se trata de la única forma de empresa que, según su 7º principio, está obligada a “trabajar por el desarrollo sostenible de sus comunidades”, vocación social que se traduce en cuatro compromisos de especial calado: el respeto y protección del medio ambiente, el desarrollo social y bienestar de las personas, la creación de empleo estable y de calidad y el arraigo al territorio. No se trata de declaraciones vacías de contenido, puesto que, de acuerdo con esta filosofía, las cooperativas están obligadas a destinar un 20% de sus beneficios antes de impuestos a una reserva obligatoria de carácter irrepartible cuya finalidad es la de asegurar la pervivencia en el tiempo del proyecto empresarial y, con él, los empleos y la riqueza que genera en su comunidad. Y, asimismo, se establece el destino de otro 5% adicional para invertir directamente en el desarrollo social y cultural de su entorno local, además de en promover la democracia y transparencia a través de acciones de información, educación y formación de su base social.