FACUA solicita al Gobierno que aplique un descuento del 50% en la factura eléctrica a las familias españolas

El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, ha trasladado en rueda de prensa que “tras la brutal escalada en los precios de la luz, el Gobierno tiene que reaccionar yendo mucho más allá de lo que ha ido hasta ahora, consideramos que las medidas que se han ido aprobando son positivas pero insuficientes”.

Desde FACUA, reclaman al Gobierno que imponga durante al menos seis meses un descuento mínimo del 50% en la factura eléctrica sometida a la tarifa semirregulada PVPC de la inmensa mayoría de familias, excluyendo sólo a las de rentas más altas, que correría a cargo de las principales energéticas que operan en España de manera proporcional a sus cuotas de mercado. La asociación advierte de que la directiva europea del sector permite aplicar este tipo de intervenciones.

La escalada de precios ha provocado que la factura de la luz de septiembre haya sido 10 euros más cara para el usuario que en agosto. Mientras que a nivel interanual la factura ha sufrido un incremento del 54%, en relación con el mes de septiembre de 2020, donde un usuario con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo de 366 kWh mensuales, pagó 66,78 euros y este año ha alcanzado los 102,71 euros, impuestos incluidos.

Ante estos datos, según ha señalado Rubén Sánchez, “debemos garantizar una adecuada protección a los intereses de los consumidores”, puesto que, “tras una subida desproporcionada el Gobierno tiene la obligación de aplicar una medida excepcional y urgente para la protección de las familias”.

FACUA advierte de que la directiva comunitaria permite una interpretación extensiva que faculta al Gobierno de España para determinar que tras un incremento interanual muy superior al 100% en el precio del kilovatio hora antes de impuestos, los consumidores domésticos sean objeto de una protección temporal que recorte sus facturas en un 50%, porcentaje que debería ser superior en los casos de las familias en riesgo de exclusión social.

Desde la organización señalan que la agresión del oligopolio eléctrico a los consumidores y el pulso que está manteniendo con el Gobierno es lo suficientemente grave como para que haya una intervención contundente en los precios por parte del Ejecutivo de coalición. Se trata de utilizar una capacidad para la que los Estados miembros están facultados por la Directiva 2019/944, de 5 de junio, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

En su artículo 5, la Directiva establece que "los Estados miembros podrán aplicar intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad a los clientes domésticos en situación de pobreza energética o vulnerable". Estas intervenciones "perseguirán un interés económico general y no irán más allá de lo necesario para lograr dicho interés económico general" y "serán limitadas en el tiempo y proporcionadas, en lo que atañe a sus beneficiarios".

La Directiva da libertad para definir los parámetros por los que un consumidor puede entrar en la categoría de vulnerable. En su artículo 28, dedicado a los "clientes vulnerables", la norma establece que los a los Estados miembros "garantizarán un nivel elevado de protección del consumidor", los mandata para adoptar "las medidas oportunas para proteger a los clientes" e indica que, "en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables". "El concepto de clientes vulnerables podrá comprender los niveles de renta, la proporción de la renta disponible dedicada al gasto energético, la eficiencia energética de los hogares, la dependencia crítica de equipamientos eléctricos por motivos de salud, la edad u otros criterios".

Y es que, en septiembre de 2020, el precio del kWh antes de impuestos se situó en una media de 10,22 céntimos sin incluir impuestos. Este septiembre, el precio medio ha sido de 18,55 céntimos en horario valle, 22,20 céntimos en horario llano y 28,12 céntimos en horario punta. La media aritmética entre los tres tramos ha sido de 22,96 céntimos, un 125% más que hace un año. La media ponderada tomando como referencia el consumo del usuario medio en cada tramo ha sido de 22,27 céntimos, un 118% más elevada que en septiembre de 2020.