FACUA pide hasta doce años de cárcel para los responsables de Magrudis y diez para la veterinaria

FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al Juzgado de instrucción número 10 de Sevilla penas de hasta doce años de prisión para los cuatro máximos responsables de las empresas que estaban tras la marca La Mechá, diez años para la veterinaria municipal del Ayuntamiento de Sevilla que visitó las instalaciones y dos años para el arquitecto técnico que trabajaba para el negocio.

Magrudis puso en el mercado entre finales de 2018 y el primer semestre de 2019 productos cárnicos contaminados con Listeria que provocaron cuatro fallecidos, seis abortos y multitud de intoxicados, de los que 254 han sido identificados por el juzgado.

El equipo jurídico de FACUA reclama a los encausados indemnizaciones que suman 510.579,33 euros para los 79 afectados a los que representa en este procedimiento.

La asociación ha pedido para José Antonio Marín Ponce, administrador fáctico de la empresa Magrudis SL, doce años de prisión; nueve años por el concurso ideal de delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, y tres años por falsedad en documento oficial.

También solicita para José Antonio 13 años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano y una multa de 15 euros al día durante 12 meses.

Diez y seis años de prisión para sus hijos y su mujer

Para Sandro José Marín Rodríguez, hijo de José Antonio y administrador único de la mercantil, se piden un total de diez años y un día de cárcel por los mismos delitos que el padre -de los que ocho años y un día son por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia y dos por falsedad en documento oficial-. También se le requiere diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano, y una multa de 15 euros al día durante ocho meses.

Para Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez, hijo y mujer del administrador fáctico de Madrudis SL, se solicitan seis años y un día de prisión por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, además de nueve años y un día de inhabilitación para el ejercicio de alguna profesión relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano.

FACUA requiere para la inspectora veterinaria municipal, María José O.B., un total de 10 años y un día de prisión; seis años y un día por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, y cuatro por falsedad en documento público y falsedad en documento oficial.

Para la inspectora del Ayuntamiento de Sevilla se piden además nueve años y un día de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la inspección y supervisión de establecimientos y productos destinados al consumo humano, y cuatro años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio de sus funciones como autoridad o funcionario público, además de una multa de 15 euros al día durante diez meses.

Por su parte, se solicita para Sergio L.G., arquitecto técnico, una pena de dos años años de prisión y una multa de 15 euros al día durante ocho meses por los delitos de falsedad en documento público y falsedad en documento oficial.

Para las empresas Magrudis SL y Elaborados Cárnicos Mario SL se pide a la jueza que imponga una multa de 150 euros al día durante tres años, además de la pena de disolución de la persona jurídica por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia.

En un auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla se declara también como responsables civiles al Ayuntamiento de Sevilla y a la aseguradora de Magrudis, AXA.

Gastos de unos 800.000 euros para la sanidad pública

La jueza recoge en el auto que los gastos generados por el brote de listeriosis en la sanidad pública -al menos los gastos ocasionados por los servicios prestados por los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena- ascendieron a unos 800.000 euros.

La asociación considera de especial relevancia que, en contra de lo que planteó en su día la Fiscalía, la instructora haya tenido en cuenta las argumentaciones que plantearon de forma conjunta todas las acusaciones e incluya entre los encausados a la veterinaria municipal que cometió las irregularidades en las inspecciones a Magrudis. Esto abre la vía para que, en caso de ser condenada, el Ayuntamiento de Sevilla indemnice a los afectados.