FACUA advierte de un mercado paralelo de la alimentación para las personas con menos recursos con la venta de alimentos con fecha de consumo vencida

FACUA-Consumidores en Acción rechaza que el anteproyecto de ley de desperdicio alimentario que está preparando el Gobierno posibilite que los establecimientos vendan productos con su fecha de consumo preferente vencida a un precio inferior, debido al riesgo de que se convierta en un mercado paralelo destinado a los consumidores con menos recursos y que no puedan hacer frente a los precios de aquellos alimentos que mantengan óptimas todas sus propiedades.

La asociación ha presentado sus aportaciones al nuevo anteproyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario elaborado por el Ministerio de Agricultura. Se trata de la primera ocasión en la que se plantea una normativa en este sentido, que sigue los pasos de legislaciones similares aprobadas en países como Francia e Italia en los últimos tiempos.

El propio anteproyecto, en su exposición de motivos, incide en que el desperdicio y pérdida de alimentos son señales de un funcionamiento deficiente del sistema y recoge que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) hasta el 14% de los productos alimentarios de todo el mundo se pierde entre las fases de la poscosecha y la venta minorista.

Así, la asociación entiende necesario que se articulen soluciones que contribuyan a transformar y poner freno a un sistema de producción y distribución de alimentos que se centra en la puesta en masa de productos en el mercado con elevadas pérdidas y desperdicio consecuencia del propio sistema. Los poderes públicos, señala la asociación, deben aportar soluciones que pasen por la articulación del comercio de proximidad, la formación de los consumidores y la inspección y control de las grandes empresas del sector.

FACUA considera positivo que se aborde una normativa para evitar el desperdicio de alimentos y fomentar una mayor reutilización y aprovechamiento, pero advierte de que el actual anteproyecto presenta importantes carencias que deberían corregirse para una mejor regulación que se aparte de meras declaraciones de intenciones.

Fechas de consumo preferente vencidas

La asociación señala que el artículo 6 del nuevo texto normativo recoge, entre las obligaciones y buenas prácticas que deben llevar a cabo los agentes alimentarios, "asegurarse de que los productos con la fecha de consumo preferente vencida se presenten separados y claramente diferenciados del resto de productos en el punto de venta final a disposición del consumidor, con bajada de precios o para donación".

La Agencia Española para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (Aesan), con base en la normativa de etiquetado europea, define la fecha de consumo preferente como la fecha que indica "el momento hasta el cual el alimento conserva la calidad prevista". El alimento sigue siendo seguro para su consumo -siempre que se respeten las instrucciones de conservación y su envase no esté dañado- pero "puede empezar a perder sabor y textura".

En este sentido, FACUA rechaza claramente que se posibilite la venta de estos productos debido al riesgo de que se termine creando un mercado paralelo dentro de los propios comercios destinado los consumidores con menos recursos y que no pueden hacer frente a los precios de aquellos alimentos que aún mantienen todas sus propiedades por encontrarse dentro del periodo de consumo preferente.

Con todo, la asociación advierte de que la normativa tampoco establece parámetros o limitación alguna que restrinja el que estos productos con la fecha de consumo preferente vencida pueden estar a disposición de los consumidores, con el riesgo que supone que se mantengan a la venta por encima de cualquier tiempo prudencial que evite que su consumo sea perjudicial.

Donaciones

Por otro lado, FACUA considera adecuado que la norma obligue de forma expresa a todos estos operadores a donar gratuitamente todos sus excedentes -mientras sean adecuados para el consumo humano y priorizándolo por encima de cualquier otro uso o destino-, debiendo incorporar además la prohibición general de destruir o transformar los productos aptos para el consumo humano en otros no aptos para poder destinarlos a otros usos y sacar rendimiento económico.

Aunque el anteproyecto de ley introduce en su artículo 5 la donación de los excedentes como actividad que deben llevar a cabo los agentes de la cadena alimentaria, la asociación advierte de que establece al mismo nivel de jerarquía otros posibles fines como su comercialización, lo que puede poner en riesgo que realmente las empresas destinen sus excedentes a la donación.

Regulación voluntaria

Además, FACUA critica que el anteproyecto de ley promueva la regulación voluntaria de los agentes de la cadena alimentaria en lugar de apostar por establecer un marco de obligaciones adecuado y por una fuerte labor de regulación, control, inspección y sanción por parte de las autoridades sobre las empresas del sector.

La asociación señala que su experiencia pone de manifiesto que los códigos de autorregulación o buenas prácticas se han demostrado en muchos casos insuficientes para evitar que las empresas cometan abusos y fraudes o vulneren la normativa. Cualquier mecanismo adicional a la legislación y actividad inspectora debe ser en todo caso complementaria y nunca sustituta de la regulación por parte de los poderes públicos.

De igual forma, FACUA indica que el nuevo texto normativo debería contemplar la publicidad de las sanciones que deriven de la comisión de infracciones en materia de prevención de medidas de desperdicio alimentario como medida añadida a la propia multa impuesta a la empresa infractora. Esta circunstancia permitiría que los consumidores supieran de forma transparente qué operadores del sector han infringido la normativa, para que pudieran así tomar sus propias decisiones de consumo consciente y responsable.