España renueva la Ley de Memoria Histórica para dignificar a las víctimas del franquismo

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy mismo el anteproyecto a la renovación de la Ley de Memoria Histórica de España. Es el primer paso para conseguir el objetivo marcado de declarar nulos de pleno derecho los juicios sin garantías de la época del franquismo, crear un censo nacional de víctimas, dotar al Estado de recursos para exhumar restos de fosas comunes y transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil.

El organismo que dirige la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha sido el encargado de la tramitación. La finalidad más importante, según ha recalcado Calvo, es “alcanzar la verdad, la justicia, la dignificación de las víctimas, el perdón y la convivencia de todos los españoles”.

La renovación de la ley en cuestión se basa principalmente en “homologar” la democracia española a las más avanzadas del mundo teniendo siempre muy en cuenta la normativa de defensa de los derechos humanos.

De esta manera, el Gobierno pretende actualizar la norma con la aprobación definitiva de esta ley que acabará definitivamente con su compromiso de reconocer a las víctimas y cerrar todos los episodios relacionados con la dictadura franquista en España.

Como ya se hiciera meses atrás con la exhumación del dictador Francisco Franco, el objetivo político es firme y los siguientes pasos continúan evidenciándose. El futuro de este estamento pasa por poner un plan de exhumaciones sufragado con recursos públicos para reconocer así el derecho de las víctimas y de sus familias a investigar y saber los resultados de las investigaciones de lo que realmente ocurrió. De la misma manera, entra también el derecho a la sepultura digna y a la identificación de los restos.

Crearán también un censo nacional de víctimas, a través del cual se recabe información sobre todos los fusilados durante el franquismo, represaliados y exiliados en la Guerra Civil y la Dictadura.

El Valle de los Caídos pasará a ser un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional, gestión de la cual se hará cargo este organismo.

Siguiendo con las nuevas medidas, se va a adoptar que no habrá asociaciones franquistas sustentadas económicamente con fondos públicos.

Otro punto importante es la creación de un régimen sancionador con multas que irán de los 200 hasta los 150.000 euros, según la gravedad del hecho. Entre estos posibles sucesos se encuentran los causantes de acciones como la destrucción o menoscabo de lugares de Memoria Democrática o de elementos simbólicos, así como la falta de medidas para evitar la exaltación del franquismo.

También se van a anular las condenas dictadas durante el franquismo por motivos políticos, de ideología o creencias. Así pues, quedarán sin efecto alguno los consejos de guerra y procesos relacionados instruidos por causas políticas durante el régimen.

Se va a crear una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para la Memoria Democrática, con el objetivo de proteger los derechos de las víctimas de la represión y la Dictadura.

Además de la retirada de los títulos nobiliarios y condecoraciones relacionadas con el franquismo, otra de las nuevas medidas de relevancia de este proceso de renovación es que la Memoria Democrática va a entrar en las aulas para que los jóvenes conozcan en profundidad el pasado de España en la educación secundaria y el Bachillerato, además de en la formación del profesorado.