Podemos Elche pide que se investigue la responsabilidad patrimonial del gobierno de Mercedes Alonso por la condena del mercado central
La formación morada a través de su portavoz Moisés García ha solicitado que se investigue la posible responsabilidad patrimonial del gobierno de Mercedes Alonso por la firma del contrato con Aparcisa. Esta reacción se produce tras conocerse la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Elche que da la razón al Ayuntamiento en la rescisión del contrato de Aparcisa, pero condena al Ayuntamiento de Elche a indemnizar con una cuantía mínima de 300.000 €.
Apuntan que las decisiones tomadas durante el gobierno del Partido Popular, que eran en contra de toda opinión formada sobre el asunto del mercado central, van a costarle al bolsillo de la ciudadanía ilicitana posiblemente más de 300.000 €. Es en el momento de la firma del contrato, cuando toda la información de la que se disponía indicaba que iba a encontrarse patrimonio susceptible de ser protegido, como por ejemplo señala la propia sentencia, la ubicación del refugio antiaéreo 3B de la Guerra Civil, que era notoria y conocida por todos los ilicitanos e ilicitanas.
Por tanto, consideran evidente que la señora Alonso y su corporación también eran conocedores de esta información en el momento de la firma del contrato con Aparcisa, por lo que la firma del contrato se pudo realizar bajo conocimiento de que era susceptible de rescisión o indemnización, y que en ningún momento las obras por las que se contrataba eran realizables.
Entienden que, a día de hoy y dada esta situación, el Partido Popular está intentando que se mire hacia otro lado al pedir ellos dicha responsabilidad al actual consistorio.
Moisés García señala que “todas las ilicitanas e ilicitanos éramos conocedores, por cultura popular o por tener acceso a los informes pertinentes, que la construcción de los aparcamientos en el mercado central eran inviables. Pues como se ha comprobado con las excavaciones se ha encontrado patrimonio que es susceptible de protección, lo que ha permitido rescindir el contrato legalmente.
Ante esta situación, pedimos que el gobierno municipal defienda los intereses de los ilicitanos e ilicitanas y estudie la posibilidad de reclamar responsabilidad patrimonial al anterior gobierno del Partido Popular por la indemnización de 300.000 €. Pues es consecuencia de decisiones y firmas de contrato que a todas luces no iban a ninguna parte, no se puede permitir que sea la ciudadanía ilicitana la única perjudicada de esta operación urbanística”.
