Más de 6.000 ilicitanos e ilicitanas se beneficiarán de las medidas del Gobierno para aliviar la carga hipotecaria

El alcalde de Elche, Carlos González, considera “oportunas y necesarias” el conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno de España para facilitar el pago de la hipoteca a más de un millón de hogares en España ante el incremento de los tipos de interés. 

González ha declarado que, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, se estima que más de 6.000 ilicitanos e ilicitanas se podrán beneficiar del paquete de medidas anunciadas por el Gobierno de España para aliviar el pago de las hipotecas a las familias vulnerables y a las rentas medias.

“La propuesta aprobada esta misma semana por el Consejo de Ministros, tras el acuerdo alcanzado con las patronales del sector financiero, es oportuna y necesaria en el momento actual en el que las familias han visto como la subida del euríbor ha hecho que sus cuotas hipotecarias se incrementen reduciendo la capacidad económica de los hogares”, ha declarado el alcalde, quien ha añadido que “se trata, por tanto, de una medida más adoptada por el Gobierno, muy positiva a mi modo de ver, y que tiene la finalidad de reducir el impacto de la inflación sobre las familias, porque la subida del Euribor es una decisión adoptada por el Banco Central Europeo para frenar el incremento de precios que ha provocado la guerra en Ucrania”.

La crisis actual derivada de la Guerra de Ucrania ha provocado la subida del Euríbor, tipo de interés de referencia de las hipotecas a tipo variable, que son la mayoría de las contratadas. Ante esta situación el Gobierno ha acordado con las entidades bancarias adoptar un paquete de medidas que entrarían en vigor a partir del 1 de enero, y que pretenden proporcionar a los ciudadanos alternativas para amortiguar la carga hipotecaria y contar con más certidumbre sobre su nivel de gastos a medio y largo plazo.

Las iniciativas adoptadas actúan en tres vías: mejoran el tratamiento de las familias vulnerables; crean un nuevo marco de actuación para los hogares de clase media en riesgo de vulnerabilidad, y establecen medidas generales aplicables a todas las hipotecas.

En primer lugar, se refuerza el actual Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios vulnerables, aquellas familias con rentas inferiores a los 25.200 euros al año y un incremento del esfuerzo del 50%, con viviendas de hasta 300.000 euros. En concreto, se reduce el tipo de interés aplicable durante los 5 años de carencia en el pago del principal de la hipoteca, pasando del Euribor más 0,25% al Euribor menos 0,10%.

Además, se introduce la posibilidad de que las familias soliciten la reestructuración de la deuda en más de una ocasión; se duplica hasta los 24 meses el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda habitual, y se amplía de 6 a 12 meses el plazo para solicitar el alquiler social en la propia vivienda a la entidad financiera, por un importe máximo del 3% de su valor, por parte de las personas en situación de vulnerabilidad que estén sometidas a una situación de desahucio de su vivienda habitual.

Como ejemplo del impacto de estas medidas, tal y como explicó esta semana la vicepresidenta Nadia Calviño, una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual -tras la revisión de los tipos de interés- de 524 euros verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de 5 años en más de un 50%, hasta los 246 euros.

Se amplía, además, el ámbito del Código para que se aplique a más de 300.000 familias. Así, los hogares vulnerables que no hayan experimentado un aumento del 50% de la carga hipotecaria podrán acogerse también al Código, en este caso con una carencia en el pago del principal de 2 años, un tipo de interés menor durante ese periodo y la posibilidad de alargar el plazo de la hipoteca hasta 7 años.

La protección se extiende a las familias de clase media que se encuentren en riesgo de vulnerabilidad como consecuencia del aumento rápido de la carga hipotecaria: el nuevo Código de Buenas Prácticas será aplicable a los hogares con renta inferior a 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) -unos 29.400 euros anuales- que tengan que hacer frente a una cuota hipotecaria superior al 30% de su renta y que hayan experimentado un incremento de esta carga hipotecaria de al menos el 20%.

Para estos casos, las entidades financieras deberán ofrecer la posibilidad de congelar la cuota durante 12 meses, una reducción del tipo de interés aplicable al principal que se aplace y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta 7 años.