El Tribunal de Cuentas da traslado a su Sección de Enjuiciamiento del proyecto de reforma de la plaza Castelar

El Tribunal de Cuentas ha dado traslado a su Sección de Enjuiciamiento del proyecto de reforma de las obras de la plaza Castelar de Elda, después de recibir el escrito del concejal César González denunciando un presunto fraccionamiento en la contratación del proyecto de las obras. Estos se dividieron en cinco lotes que suman la cantidad de 27.279.19 euros, superando entre todos la cantidad de 18.000 euros de tope que marca la legislación para una misma unidad de contratación.

González ha acogido con satisfacción esta información que le han remitido esta semana. Desde el órgano fiscalizador han dado curso del expediente ante el departamento que tiene competencias para ejercer la función jurisdiccional, “indicio claro de que mi denuncia está fundada y que por parte del PP podrían haberse infringido las leyes que regulan los principios básicos de la contratación pública como la publicidad, libre concurrencia, la igualdad o la no discriminación”.

El concejal se ha preguntado “por qué si el PP no tiene nada que ocultar con este proyecto, no ha contestado ni afirmativamente, ni negativamente” al recurso extraordinario de revisión que presentó el día 11 de abril pidiendo la nulidad de las resoluciones por las que se contrataron los proyectos de reforma. El plazo que otorga la legislación para dar respuesta a estos recursos es de tres meses, que ya se han cumplido sin recibir respuesta. “Ante ello, entiendo que tal y como marca la ley, han dejado la puerta abierta para ejercer la vía jurisdiccional, aunque dado la respuesta dada por el Tribunal de Cuentas, este órgano actuará de oficio”, ha dicho.

A mayor abundamiento, el expediente también se remitió a la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Comunidad Valenciana y a la Sindicatura de Cuentas, órgano éste que aconsejó derivar el expediente al Tribunal de Cuentas.

Los dos primeros coincidieron en su respuesta, e indicaron que sólo pueden emitir informes sobre la observancia de la legalidad instados por el pleno o la alcaldesa. Así pues, “guiado por mi voluntad de guardar las leyes y dejar fuera de toda la actuación municipal, el día 22 de mayo le envié una carta pidiéndole que solicitara a estos órganos la emisión de un informe para garantizar que las contrataciones están fuera de toda duda”. “Cuál ha sido mi sorpresa”, ha agregado el edil, “al comprobar no sólo que no han respondido al citado recurso, sino que tampoco se ha dignado contestar mi carta, por lo que ahora sólo cabe preguntarse hasta dónde llegarán las responsabilidades en este asunto y que explicación darán si el Tribunal de Cuentas en el caso de que continúe de oficio con las actuaciones judiciales”.

DEJAN FUERA A UNO DE LOS ARQUITECTOS
Fue la Junta de Gobierno del 19 de mayo la encargada de aprobar los proyectos de reforma de las obras, “pero es curioso y sintomático de que algo extraño hay y de que tengo la razón , cuando de los 5 lotes en los que se dividió el proyecto, el órgano sólo procedió a la contratación de dos de los proyectos”, ha indicado el edil. Éstos suman la cantidad de 16.049,59 euros, quedando así dentro del tope legal para adjudicaciones directas. “Me pregunto qué ha pasado con los otros tres proyectos, cuya contratación hubiera dejado al Ayuntamiento al margen de la ley y si es que a raíz de mi denuncia se han dado cuenta de que lo que estaban haciendo podría ser ilegal”, ha manifestado.

Además, “la opinión pública debe saber que se anunció a bombo y platillo la redacción de los proyectos a cuenta de dos jóvenes arquitectos; sin embargo, la realidad es que el mismo lo ha realizado el ingeniero agrónomo del Ayuntamiento”. “Ya no sólo es que haya desaparecido el contrato del arquitecto Luis Francisco García Martínez (encargado del proyecto), sino que figura como mero colaborador del mismo; dejando nada más que al arquitecto encargado de la redacción del proyecto del restaurante: Francisco Blanco Lifante. Con la exclusión de García, de un plumazo se han quitado 9.000 euros de encima que “les permiten cuadrar las cuentas”.

En definitiva, “este expediente está lleno de lagunas y actuaciones extrañas en medio de una enorme oposición ciudadana y 4.000 firmas en contra a gastar dos millones de euros en esta iniciativa faraónica, pero afortunadamente, eso ahora ya no tendrán que explicármelo a mí, sino que será el Tribunal de Cuentas el que de oficio se encargará de fiscalizar la actuación municipal para que nos aclaren muchas dudas, tales como si se han teledirigido las contrataciones, rompiendo la unidad operativa del contrato y provocando un fraccionamiento artificioso”, ha manifestado el edil.

“En su afán por tenerlo todo bajo control”, ha concluido el edil, “ni siquiera se respetó el principio que marca la ley de invitar a tres profesionales para que presentaran presupuesto y elegir el proyecto más ventajoso para la ciudad, adjudicándolo directamente a quienes quisieron y ahora vemos que está todo enmarañado y oscuro”.