El Fiscal pide la condena del Ayuntamiento de Elda por obstruir el acceso a información pública
El ministerio Fiscal se ha adherido al recurso de apelación interpuesto por el concejal César González en el proceso que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana para la protección de derechos fundamentales, según acredita la última notificación recibida del juzgado. En su escrito, el fiscal se une al concejal y pide la condena del Ayuntamiento de Elda por obstruir el acceso a información pública relacionada con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se está tramitando.
González ha mostrado su satisfacción tras recibir esta notificación, y ha señalado que “todo va por el buen camino para demostrar que durante esta legislatura, el PP se ha dedicado a ocultar información sobre su gestión, tanto a los políticos como a los ciudadanos, y ha impedirnos que pudiéramos realizar lo que los votantes nos han encomendado en las urnas”.
El Fiscal señala con claridad en su escrito que “las cuestiones referentes a la actividad urbanística, son lo suficientemente relevantes para requerir una actividad de control y verificar su transparencia, funciones que forman parte de la actividad del concejal”.
González ha mostrado su intención de “frenar las actuaciones ilegítimas del PP y defender los derechos de los ciudadanos a la hora de acceder a cualquier información pública”. Así, ha recordado las conclusiones del último informe del Síndic de Greuges, donde sitúa al Ayuntamiento de Elda como “el más opaco, poco transparente, y de poca calidad” de toda la Comunidad Valenciana.
El edil, además, ha señalado que esta petición del Fiscal es “la prueba fehaciente de que la concejal Ana Gonzálvez mintió a la opinión publica cuando dijo que como consecuencia de este proceso se me había impuesto una multa de 5.000 euros, porque en el recurso al que se adhiere el Fiscal, precisamente se pide que se condene en costas al Ayuntamiento”. A su juicio, este tipo de “mentiras, sólo buscan generar una imagen negativa de mi persona”.
El edil ha recordado que la concejala de Contratación denegó su solicitud de información, sin dar ningún motivo aparente y porque consideraba que “no era procedente en este momento, sin argumentar las razones y arrogándose, en prueba de su prepotencia, unas facultades de las que carece”. “La denegación de acceso a la información fue absoluta y total, es decir, se denegó tanto la entrega de las copias solicitadas como el acceso a la información del expediente en las dependencias municipales”, ha explicado.
