CCD entrega cerca de 4.000 firmas reclamando una reducción del IBI
Coalición de Centro Democrático (CCD) ha entregado al Ayuntamiento un total de 3.701 firmas exigiendo al Ayuntamiento una reducción real del IBI, después de comprobar que las últimas modificaciones aprobadas no han producido un descenso en la mayoría de los recibos.
Dado que las ordenanzas fiscales de 2019 aún están sin aprobar, los firmantes solicitan una reducción del tipo impositivo de los 1,0752 puntos vigentes a 0,70, para situarlo en la media provincial, además de una revisión catastral y más bonificaciones para los colectivos vulnerables y desfavorecidos.
Esta entrega de firmas, realizada a través de la plataforma cívica 'Elda por un IBI justo', complementa otras dos anteriores que el Ayuntamiento ha dejado sin respuesta y por las que ha sido apercibido con severidad por el Síndic de Greuges al entender que obstruye la participación ciudadana.
Desde CCD han cuestionado el reciente anuncio de congelación de las tasas e impuestos municipales efectuado por el concejal de Hacienda, Amado Navalón. Si el Ayuntamiento dispone de un superávit de 3,5 millones de euros y unas cuentas saneadas, con un plazo de pago a proveedores de 7 días, "resulta incomprensible que no acepten beneficiar a los ciudadanos con una reducción generosa de impuestos".
A este respecto, desde la coalición han preguntado al equipo de gobierno "¿en qué se gastan los impuestos?", y "si esta situación tiene que ver con el altísimo número de concejales liberados y cargos de confianza que tienen en nómina".
CCD esgrime que "las insignificantes modificaciones del tipo impositivo de los últimos años, no han servido para paliar los efectos de la revisión catastral", que entró en vigor en 2013 y que extenderá sus efectos, de manera prorrateada, hasta el año 2023. Por tanto, la bajada del IBI se ha convertido en una "llamativa promesa electoral incumplida por parte de toda la corporación en su conjunto."
Las ordenanzas fiscales de 2018 contemplan los siguientes valores: bienes inmuebles urbanos, 1,0752 puntos; y bienes inmuebles rústicos, 1,01 puntos. Ambos se sitúan en el tope legal permitido por la Ley de Haciendas Locales y siguen situándose entre los valores más altos de España.
