El TSJ condena al Ayuntamiento de Elda por vulnerar la Constitución al impedir el acceso a información pública
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado al Ayuntamiento de Elda por impedir el acceso a información pública relativa al nuevo PGOU al exconcejal César González, vulnerando el artículo 23 de la Constitución relativo al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. Además, ha impuesto la totalidad de las costas procesales a dicha administración.
González ha expresado su “satisfacción” tras recibir esta sentencia para la protección de los derechos fundamentales, que anula una anterior de los tribunales de Alicante en la que se consideraba ajustado a derecho que la información relativa al nuevo PGOU el PP tardara cinco meses en facilitársela. El ordenamiento urbano, pese a todo, aún no ha sido aprobado, “suponiendo otro fracaso más de los populares esta legislatura en materia urbanística”.
González ha señalado que con esta sentencia, “ya no cabe duda de que la alcaldesa de Elda no sólo es una mala gestora, sino que es una dictadora total y reconocida por los tribunales de justicia, por cuyas actitudes no está en condiciones de regir un Ayuntamiento democrático, ni de repetir como cabeza de lista del PP, porque no hay nada más reprochable que una institución democrática vulnere la Constitución, la ley más sagrada de los españoles, e impida a los concejales hacer el trabajo que los ciudadanos le han encomendado”.
“Espero que a partir de ahora cualquier ciudadano pueda acceder a la información pública del Ayuntamiento sin que le pongan cortapisas, ni obstáculos, porque mi lucha consiste precisamente en conseguir que se cumpla la ley y disponer de unas instituciones transparentes y accesibles para todos”, ha añadido.
Asimismo, el exedil ha subrayado la “total falta de transparencia, opacidad y oscurantismo del PP eldense, a los que no se sabe qué intereses tan inconfesables les llevaron a tardar cinco meses en facilitarme una documentación sobre una materia tan sensible y sujeta a vigilancia como el planeamiento urbanístico de una ciudad”.
El exconcejal ha lamentado que las costas proc
esales de este proceso vayan a recaer sobre los eldenses, las que podrían superar los 6.000 euros, y ha pedido que sean los 14 concejales del PP de Elda, los que además de pedir disculpas por no ser constitucionalistas, sean los que solidariamente asuman las costas procesales del juicio, “porque no es admisible que se utilicen los recursos públicos y los funcionarios de una institución para defender intereses políticos de un partido”.
Además, González ha recordado que en esta legislatura es el segundo juicio que gana el PP: el primero por reprobarlos en el llamado ‘caso grúa’, además de una resolución del Síndico de Agravios que también le dio la razón en relación a la falta de medios para realizar sus funciones públicas y una advertencia de ilegalidad sobre la recalificación del Pepico Amat que obligó a anular la actuación que se pretendía desarrollar sobre el antiguo estadio.
“Todas estos logros políticos no han sido gracias al partido al que pertenecía, sino pese al mismo, que en lugar de apoyarme, se dedicó a poner palos en las ruedas y filtrar documentos para boicotear mi acción de oposición”, ha señalado.
González ha indicado que todo esto, “lo único que demuestra es qué concejal se ha dedicado en solitario a hacer oposición y a defender los intereses de los eldenses pese a no tener medios ni contar con el respaldo de su partido, y quiénes se han dedicado a otras cosas”. Además, ha apostillado que esta sentencia refleja mi trayectoria en el Ayuntamiento, “donde el empeño del PP ha sido faltarme al respeto constantemente, ensuciar mi imagen pública con falsedades y pisotear día tras día la democracia ninguneando a los concejales y ciudadanos que no estamos de acuerdo con su forma de gestionar”.
