César González aprecia “intereses particulares” en la expropiación del camino de acceso a Las Cañadas
Limpiezas del Mediterráneo presentó un escrito el 1 de Marzo presionando al Ayuntamiento
César González, portavoz de UPyD en Elda, ha manifestado hoy que aprecia “intereses particulares” en el expediente de expropiación forzosa que permitirá ampliar a siete metros el camino de acceso al vertedero de Las Cañadas para poder así cumplir la legalidad vigente.
El concejal, que en la Comisión de Urbanismo que lo elevará al próximo pleno votó en contra de que la expropiación se lleve al justiprecio por la falta de acuerdo con los propietarios del terreno, considera que esta decisión que ha sido instada por la propietaria de las instalaciones, Limpiezas Urbanas del Mediterráneo SL, y ha salido adelante con los votos del PP, pone de relieve una vez más que “el asunto de las basuras en Elda huele muy mal y es oscuro”. “No se entiende”, ha expuesto el edil, “por qué extraña razón el gobierno local atiende con tanto interés a las presiones de una empresa cuando ya existe una planta de tratamiento para gestionar los residuos en Villena”.
El expediente de expropiación arrancó en el pleno de noviembre. Tras ese trámite, los seis dueños de las fincas afectadas presentaron alegaciones por no estar conformes con la valoración económica de los Servicios Técnicos Municipales, por lo que en el pleno el PP rechazará la petición efectuada por los afectados y al proponer otra que presumiblemente no se aceptará, el asunto se elevará al justiprecio.
Ha sido la abogada de Limpiezas Urbanas del Mediterráneo la que ante el litigio surgido presentó un escrito “de presión” al Ayuntamiento con fecha de 1 de marzo en el que se queja de que pese al citado acuerdo plenario de noviembre, “no se ha procedido a la determinación del justo precio, con lo que se pone en conocimiento fehaciente de este Ayuntamiento para que se proceda sin dilaciones a la tramitación, ya que se está produciendo un retraso injustificado”. Añade la mercantil que “es más que urgente la tramitación del expediente y debe resolverse de manera inmediata y sin más dilaciones, siendo gravísimos los perjuicios, pues deben acometerse las obras”.
CAMINO MUNICIPAL
De modo que para el concejal de UPyD, “resulta incomprensible y curiosa la alineación del PP con una empresa que persigue el lucro y más aún ante la posibilidad de que el asfaltado de ese camino pueda ser costeada con dinero del Ayuntamiento”.
Recientemente se conocía que la Generalitat Valenciana ha abierto un expediente sancionador por la situación irregular de la instalación y ha ordenado el cese de la actividad mientras no se proceda a su regularización. Asimismo, ha establecido la imposición de una multa de 20.000 euros por una infracción de la legislación vigente en materia de prevención de la contaminación y calidad ambiental.
Por todo ello, para González, “es más que asombrosa la celeridad con la que el PP ha cedido a las exigencias de esta empresa, poniendo a su servicios a todos nuestros técnicos municipales, y no hace falta mucha inteligencia para apreciar que aquí no se está velando ni por el interés general, ni por el interés de los ciudadanos, sino por los intereses de una empresa y cuestiones espurias que sólo el PP sabe”.
UPyD, por último, se pregunta si esta es la política medioambiental de la que alardea el PP, “con la obra insignia de asfaltar la senda de los Reyes Magos y desentendiéndose de los efectos nocivos de un vertedero”. Por ello, el edil ha preguntado a la responsable del ramo, “qué beneficios obtiene Elda por tener un basurero en su término municipal en contra de lo establecido en el Plan Zonal de Residuos de la zona XIII”.
González ha mostrado su estupor ante el hecho de que el PP, “en lugar de combatir con herramientas legales los vertederos fuera del plan zonal, les pone una alfombra roja a instalaciones contaminantes para que continúen una actividad que no aporta beneficios y que no evita que paguemos la factura por trasladar la basura a Villena”.
La Declaración de Interés Comunitario (DIC) que otorgó la Generalitat en mayo de 2002 obligaba a que el camino de acceso tuviera una anchura de siete metros. Este requisito continúa sin cumplirse más de nueve años después.
