El alcalde impulsa una iniciativa pionera para que se introduzcan criterios sociales en los contratos del Ayuntamiento

El alcalde, Rubén Alfaro, ha presentado hoy públicamente la propuesta que mañana se elevará a la Comisión de Contratación para introducir una serie de criterios sociales en los contratos del Ayuntamiento. Se trata de una iniciativa pionera, que muy pocos ayuntamientos en nuestro país la han puesto en marcha, y que persigue impulsar objetivos de política social en sentido amplio.

Entre las cláusulas que se van a introducir se encuentran la exigencia a las empresas que licitan sus ofertas para conseguir un contrato municipal que los bienes o servicios objeto del contrato hayan sido producidos o se desarrollen respetando las normas sociolaborales vigentes en nuestro país. También que se respeto el salario y la antigüedad de los empleados en aquellos servicios que prestan empresas externas al Ayuntamiento en los que se produce una subrogación de los trabajadores -es decir, que pasan de una empresa a otra pero para prestar el mismo servicio-. Y evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, fomentando los valores de igualdad con una presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.

Alfaro ha destacado la voluntad del equipo de Gobierno de PSOE-Compromís por “avanzar en un Ayuntamiento que se preocupe porque las empresas que prestan los servicios tengan una mayor conciencia social y den oportunidades a todos por igual, sin ningún tipo de discriminación ni merma en sus salarios”.

Además, la propuesta que mañana pasará por la Comisión de Contratación establece otra serie de cláusulas que podrán incorporarse como condiciones especiales para la ejecución del contrato como que la empresa no podrá minorar unilateralmente las condiciones en materia de jornada y trabajo de sus empleados. También establece que en los casos de que se produzcan bajas o sustituciones de personal se deberá contratar a personas que reúnan los mismos requisitos o que, en caso de empate entre varias ofertas, se tendrá en cuenta la responsabilidad social de los licitadores: como el número de trabajadores fijos con discapacidad, el cumplimiento de la promoción en igualdad de mujeres y hombres, o estar reconocidos como organización de Comercio Justo.

“Queremos una administración pública moderna, eficaz pero que aspire a alcanzar los fines sociales y de integración, de igualdad de oportunidades, que son consecuencia del Estado social que proclama nuestra Constitución”, ha destacado el alcalde.