Catalá defiende que la modernización de la Justicia va más allá de lo tecnológico

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado hoy, durante la clausura en Denia de la Jornada sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil y Jurisdicción Voluntaria, organizada por la Fundación Lex Forum, que la modernización de la Justicia abordada durante esta legislatura ha supuesto una transformación en distintos ámbitos que trascienden lo meramente tecnológico, hasta situarla en el embrión de un servicio público de calidad, agilidad y eficiencia, como demanda el siglo XXI.

En este sentido, Catalá ha destacado la realización concreta de leyes completamente nuevas, las reformas inaplazables y una manera distinta de gestionar la Administración de Justicia con más medios, recursos y horizontes, como las herramientas utilizadas por el Ejecutivo para alcanzar  ese objetivo.

Para el ministro de Justicia, modernizar no es solo afrontar los imprescindibles avances tecnológicos, como también se ha hecho, sino llevar a cabo otra forma de hacer las cosas y de funcionar en la gestión del servicio público.

Así, Catalá ha citado ejemplos concretos: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha implantado una filosofía nueva en torno al reparto de las cargas de trabajo en los juzgados, o los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil que han introducido una mayor especialización en los órganos judiciales y han mejorado la calidad de las resoluciones judiciales.

Asimismo, el ministro se ha referido a las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha implantado la segunda instancia penal y ha sentado las bases de la agilización de la Justicia penal, modificando las reglas de conexidad para evitar el automatismo que se produce actualmente con la acumulación de causas en los conocidos como macroprocesos. Para ello, se establece como regla que cada delito solo de lugar a una causa salvo circunstancias excepcionales y tasadas que aconsejen un conocimiento conjunto de varias de ellas.

En relación a la LECrim, Catalá también ha apuntado la importancia de la modificación de los plazos de instrucción que anteriormente se fijaba en un mes, fijándose límites más realistas de seis meses para los asuntos sencillos y 18 meses prorrogables para los delitos complejos, cometidos por organizaciones criminales que atenten contra gran cantidad de víctimas o impliquen realización de pericias con abundante documentación, actuaciones en el extranjero, los que precisen revisar la gestión de personas jurídicas privadas o públicas o sean por terrorismo. Igualmente, el ministro ha destacado el decidido impulso de la Oficina Judicial y Fiscal para facilitar la prestación de servicios integrales e integrados.

El titular de Justicia ha repasado las diferentes reformas legislativas y de procedimiento de trabajo, haciendo hincapié en cuestiones tan trascendentes como la regulación, por vez primera, de las medidas de investigación tecnológica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atender a nuevas formas de delincuencia asociadas a las nuevas tecnologías.

En relación al Código Penal, Rafael Catalá ha subrayado el espíritu modernizador integrado en su reforma con el que se ha llevado a cabo una revisión completa de tipologías y respuestas a nuevos fenómenos como la ciberdelincuencia. Lo mismo ocurre, según ha señalado, con la respuesta penal adecuada a la repulsa social que conllevan algunos delitos como el matrimonio forzoso, la trata de seres humanos, la corrupción, la xenofobia o los asesinatos más graves y aberrantes.

Las víctimas también han ocupado un espacio importante en la actividad legislativa, destacando la creación de un Estatuto propio para aumentar sus derechos y evitar una segunda victimización, sin dejar a un lado las reformas que han supuesto la actualización del sistema de valoración de daños causados a las personas en accidentes de circulación, la mejora del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia para hacer prevalecer el interés del menor, o la Ley de Segunda Oportunidad que renueva la confianza a los emprendedores de buena fe para evitar su definitiva estigmatización.

Para el ministro de Justicia, modernizar es también afrontar plenamente los retos de la sociedad civil del siglo XXI y en ese aspecto ha destacado la Ley de Jurisdicción Voluntaria que aumenta las opciones de ciudadanos y empresas al ampliar el número de operadores jurídicos con competencias. De esta forma, el ciudadano puede asistir por igual a un letrado de la Administración de Justicia, un notario o un registrador sin sufrir merma de sus derechos, sino ampliando sus opciones. Así, ya no es necesario pasar por un juzgado para contraer matrimonio o divorciarse, siempre que no existan hijos.

Catalá ha manifestado su confianza en el valor de la mediación y el arbitraje como forma en la que las sociedades avanzadas dirimen sus disputas sin necesidad de pasar por los tribunales.

Finalmente, el ministro ha desgranado los esfuerzos de su departamento por introducir la innovación tecnológica en la Justicia para poner a disposición inmediata de los profesionales las resoluciones procesales. Una novedad de la que ha destacado la ventaja que supone acceder a la documentación en todo momento y lugar, poder presentar escritos y documentos a cualquier hora y cualquier día, y ahorrar de manera considerable.

Así, ha destacado los 175 millones de euros invertidos en la mejora de infraestructuras y equipamientos en busca del objetivo de papel cero y la digitalización y consecución de una Justicia más próxima y accesible.

Igualmente, Catalá ha hecho referencia a otras novedades que modernizan la Justicia como son la Sede Judicial Electrónica que arrancó el pasado septiembre y permite que los ciudadanos puedan consultar sus expedientes judiciales por Internet, la regulación del Documento Único Electrónico, la posibilidad de recibir notificaciones por mail o SMS, la comunicación de nacimientos al Registro Civil desde los hospitales y dos iniciativas que acaban de recibir luz verde por parte del Ejecutivo: la tramitación electrónica de solicitudes de adquisición de nacionalidad española por residencia y el nuevo sistema de consignaciones en sede electrónica para subastas.