Delegación de Gobierno une a sector agrario, cuerpos policiales, Generalitat y Poder Judicial para trazar una nueva estrategia con la que combatir los robos en el campo

El delegado del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, se ha reunido esta mañana con el sector agrario, Guardia Civil, Policía Nacional y representantes del Poder Judicial para abordar los delitos en el campo. Una reunión que reúne, por primera vez, a todos los actores implicados en la lucha y prevención de la delincuencia en el campo valenciano.

Durante la reunión, se ha acordado crear un grupo de trabajo a nivel técnico que se reunirá periódicamente para analizar la situación y que reunirá a todos los actores implicados: Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Local a través de la Federación de Municipios y Provincias, Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo y Generalitat.

“Para nosotros el sector agrario es un sector estratégico es fundamental, básico y eso exige que la Administración General, Autonómica, Local, Justicia cuerpos policiales, y asociaciones agrarias vayamos todos de la mano”, ha afirmado Moragues.

Ha sido una reunión “positiva y fructífera”, según las asociaciones agrarias y cooperativas, para “frenar los robos y defender a los agricultores valencianos”. Según se ha constatado este año ha habido un repunte en los robos debido al aumento del precio de la naranja dado que la producción ha sido menor.

A pesar de ello, el delegado ha destacado que también ha habido un aumento de la eficacia policial. ”Ha aumentado el índice de esclarecimientos un 88% este año y los detenido, imputados y denunciados un 93% “, ha informado.

De hecho, hoy mismo la Guardia Civil ha denunciado a 5 personas en tres operaciones en Calpe, Pego y Xàtiva por llevar documentos DATA falsificados lo que significa que llevaban naranjas robadas.

A la reunión ha asistido el subdelegado de Gobierno, Juan Carlos Valderrama, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, el secretario General de la Unió de Llauradors i Ramaders, Ramón Mampel, el portavoz de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat, Enrique Bellés, la presidenta del TSJ en la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva, el Fiscal Superior de Justicia, Antonio Montabés Córdoba, el Secretario Autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Javier Rodríguez, el Jefe Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, José Javier Cuasante, el General Jefe de la VI Zona de la Guardia Civil, Fernando Santafé, y el Comisario Jefe de la Unidad del CNP adscrita a la Comunitat Valenciana, Álvaro Rodríguez.

Medidas para luchar contra los delitos en el campo

Además del grupo de trabajo técnico con todos los actores implicados que se reunirá periódicamente, se pondrá en marcha un nuevo Plan de inspección de almacenes ilegales, porque “ésta es una problemática, hay almacenes que no están dados de alta que compran fruta robada y la venden y eso están alimentando estos hechos delictivos”, ha explicado el delegado.

Además, se están intensificando los trabajos y la comprobación en materia de trazabilidad. También se van a impulsar los Consejos Agrarios para establecer vías directas entre asociaciones, agricultores y cuerpos policiales para prevenir y detener a los delincuentes. En este sentido, el delegado ha explicado que “es importante aplicar técnicas de inteligencia porque hay veces que son bandas organizadas y por ello vamos necesitamos una coordinación.”

“Para nosotros es muy importante predicar la cultura de la denuncia y está el 062 de la Guardia Civil y el 091 de la Policía Nacional”, ha dicho el delegado.

El Gobierno modificó el Código Penal para endurecer las penas por los robos en el campo y, sobre todo, aumentar el castigo a los autores de robos que sean multirreincidentes. En este sentido, se ha pasado de considerar falta de hurto a delito leve de hurto el robo en el campo y además se cuantifica lo sustraído en un robo con vistas a un juicio, también tienen en cuenta los daños colaterales como pueden ser los costes y el tiempo de reparación o los perjuicios por la interrupción de las labores del campo. Además, se prevé que la delincuencia profesional y organizada se les pueda condenar con el tipo agravado, con penas en este caso de uno a tres años de prisión.